Este miércoles a las 12, el recinto que conduce Martín Menem volverá a tener actividad. La Cámara de Diputados querrá desarrollar una sesión especial a pedido de la oposición, con un rejunte de proyectos que no son del agrado del oficialismo. El único veto que se trataría sería el de la Ley por Bahía Blanca, mientras que los otros tres están siendo postergados para que se mezclen con las elecciones.
El Congreso va a debatir sobre: el proyecto de ley de financiamiento de la educación universitaria; la modificación de la Ley 11.672, permanente de presupuesto; la emergencia del Hospital Garrahan; la eliminación de diversos fideicomisos y fondos nacionales; el veto a la ley de emergencia climática en Bahía Blanca; varios DNUs; y la reactivación de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA.
También buscarán emplazar dos iniciativas sobre la coparticipación para poder dictaminarlas en comisión la semana entrante, a fin de elevarlas al recinto a fines de agosto y aprobarlos. Se trata del reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de los fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles.
Ambos proyectos, del desprecio absoluto de Milei, fueron empujados por los gobernadores. Se aprobaron antes del receso invernal en el Senado con gran apoyo y parecerían tener el mismo futuro en la Cámara Baja, pero todo dependerá de las negociaciones: Casa Rosada y las provincias ya comenzaron sus poroteos.
En cuanto a la ratificación de la Ley de Emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca, que Javier Milei vetó semanas atrás, hay algunos detalles a tener en cuenta. El Senado aprobó su insistencia; por lo tanto, si los diputados opositores alcanzan los dos tercios (tarea difícil), volverá a estar vigente.
Pese a que cinco gobernadores de Juntos por el Cambio crearon un frente electoral común que se aleja de La Libertad Avanza, estos no estarían pujando a sus legisladores para que hoy den quórum. El kirchnerismo anticipa 131 presentes, número justo para poder dar inicio a la sesión especial, y sólo cuenta con ayuda de los mandatarios de Unión por la Patria y el cordobés Martín Llaryora (otro miembro de este frente electoral federal).
Los focos estarán especialmente puestos en las posturas del PRO y la UCR, dos partidos que por fuera del Palacio Legislativo están tejiendo acuerdos con el Gobierno de cara a las elecciones. El macrismo cerró alianzas con el bando violeta en provincia para septiembre y en Ciudad para octubre.
Esto podría empujar a una buena parte del bloque de Cristian Ritondo a seguir acompañando al Gobierno. Sin embargo, nada quita que existe un grupo de diputados amarillos que no están de acuerdo con las negociaciones y nada descarta que puedan alejarse de sus pares libertarios, como ya se ha visto semanas atrás durante las votaciones por jubilaciones y discapacidad en ambas Cámaras.
Diputados prevé desarrollar dos sesiones a lo largo de agosto, pero en ninguna de ellas la oposición planea tratar los vetos. Recién lo querrá hacer cerca de octubre, al calor de los comicios nacionales, «para que quienes banquen el veto y la política de la crueldad, paguen costos», según mencionan opositores.
El 13 y el 20 de agosto son fechas tentativas para efectuar la segunda sesión, aunque sin estos vetos dentro de los temarios. Cualquiera de estas dos fechas, aún así, estará atormentada por el año electoral ya que el 17 es el cierre de listas para las nacionales.
El Gobierno, por su parte, también estuvo estirando la publicación de los tres vetos hasta su fecha límite para ganar tiempo mientras se desarrollan los acuerdos electorales en el AMBA. En Provincia, La Libertad Avanza y el PRO cerraron un frente para las legislativas del 7 de septiembre y posiblemente vuelvan a aliarse de cara al 26 de octubre, lo que podría traducirse como un compromiso tácito entre los partidos.
Los diputados porteños más fieles a Mauricio Macri están atados a lo que se resolvió en la Ciudad de Buenos Aires, donde también irán junto a los violetas para octubre. Pese a esto, como ya se explicó, entre ellos hay disgustados con esta alianza.
El aumento jubilatorio del 7,2%, sumado al bono que incrementó de $70.000 a $110.000, había cosechado 142 votos a favor este año. La declaración de la emergencia en discapacidad partió a la Cámara Alta con 148. Estas iniciativas podrían dar algo de pelea en el recinto, mayormente la segunda.
Sin embargo, la moratoria previsional difícilmente reúna los dos tercios que necesita para mantener su vigencia. La misma pasó no sólo gracias al repentino apoyo del radicalismo, sino de aquellos macristas que, hartos de los destratos libertarios, se abstuvieron para castigar al oficialismo.
