Axel Kicillof presentó una denuncia penal contra la Secretaría de Inteligencia del Estado ( SIDE), que responde a la Casa Rosada, por presuntas maniobras de espionaje ilegal. El gobernador bonaerense exige que la Justicia investigue quiénes están detrás de las acciones de vigilancia clandestina y hasta dónde llegó la estructura de seguimiento.
La presentación judicial recayó en el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, un magistrado que ya intervino en causas vinculadas a operaciones de inteligencia en años anteriores.
La denuncia de Kicillof se apoya en un documento que se filtró a la prensa, titulado «Hechos previstos 09JUL25», revelado por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación. Se trata de un informe interno de inteligencia donde se detallan seguimientos no autorizados a figuras políticas, entre ellas el propio gobernador bonaerense.
El mismo parte da cuenta del presunto monitoreo a:
- Máximo Kirchner, diputado nacional y presidente del PJ bonaerense
- Sergio Massa, líder del Frente Renovador
- Facundo Manes, diputado radical
Además, según la misma filtración, la SIDE habría rastreado protestas sociales, movilizaciones gremiales y manifestaciones callejeras críticas hacia la gestión del presidente Javier Milei.
En el escrito judicial, Kicillof solicitó que se investiguen «delitos de acción pública cometidos por personas cuya identidad deberá establecerse». El objetivo: determinar quiénes ordenaron, ejecutaron y validaron las tareas de inteligencia prohibidas por ley.
La presentación subraya que los hechos violarían el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe expresamente realizar tareas de espionaje interno por razones políticas, sindicales o sociales.
El área de inteligencia que aparece mencionada en la denuncia está a cargo de Sergio Neiffert, actual secretario de Inteligencia del Estado, designado directamente por Javier Milei. El organismo volvió a utilizar la sigla » SIDE» por decisión del actual gobierno, en reemplazo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Aunque la Casa Rosada no se pronunció oficialmente sobre la filtración, la existencia del informe y las acusaciones generaron un creciente clima de tensión institucional, especialmente en medio del conflicto que el oficialismo mantiene con gobernadores, sindicatos y organizaciones sociales.
El gobernador no fue el único en acudir a la Justicia tras la revelación periodística. También se presentaron:
- La CTA de los Trabajadores, encabezada por Hugo Yasky,
- La CTA Autónoma, liderada por Hugo “Cachorro” Godoy.
Ambas centrales obreras consideraron que el supuesto espionaje sobre protestas constituye una grave violación de derechos constitucionales, y alertaron sobre el intento del Gobierno de «criminalizar la protesta social».
