El estallido del escándalo de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en el que habla de presuntos cobros de retornos en la cúpula del gobierno de Javier Milei en contrataciones con la empresa Suizo Argentina posó el foco sobre el negocio de las droguerías, tan omnipresente en la operatoria de la salud como poco observado hasta que estalla algún escándalo que vincula a la política con posibles delitos.
En la Argentina, la cadena de la industria farmacéutica empieza con los laboratorios, presentes tanto en la investigación y el desarrollo como en la fabricación misma de los medicamentos y luego atraviesa el proceso de distribución con distintos mecanismos hasta llegar a la venta a las farmacias o al sistema de salud pública o a financiadores privados, con terminación en las obras sociales y empresas de medicina prepaga.
De acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, los grandes laboratorios tienen sus propias empresas de logística, las distribuidoras, con las que se encargan de hacer llegar su producción a las distintas bocas de expendio. Disprofarma es de Bagó, Rofina, de Roemmers, Farmanet, con Gador y Casasco y firmas europeas, y Global Farm con multis estadounidenses.
Pero además buena parte de la producción de fármacos se canaliza a través de un total de 445 droguerías que, a diferencia de las distribuidoras, no hacen sólo la logística, sino que le compran la producción al laboratorio, la almacenan y se encargan de revenderla con un margen extra que es siempre motivo de discusión y gran misterio.
Aunque se trata de un negocio hiper atomizado, hay cuatro droguerías que concentran el 70% del mercado: Droguería del Sud, Droguería Monroe Americana, Droguería Barracas y la ahora famosa Droguería Suizo Argentina. Una multitud de empresas más chicas se encargan de canalizar la producción a un universo de más de 13 mil farmacias, pero el core del negocio reside en los medicamentos de mayor precio, en especial en el caso de Suizo Argentina.
Como en la mayoría de los casos, los medicamentos de los tratamientos más sofisticados son elaborados por laboratorios extranjeros que por cuestiones de compliance eligen no exponerse a contrataciones con el Estado -en este caso se entiende por qué- deciden firmar acuerdos de exclusividad con una droguería. La empresa que más convenios de representación exclusiva de multinacionales tiene -de acuerdo con fuentes del mercado- es nada más y nada menos que la Suizo Argentina, de la familia Kovalivker.
El Estado adquiere medicamentos a través de dos tipos de contrataciones. Por un lado, las que se realizan con licitaciones a través del portal Comprar, en el que según el diario La Nación se advierte un aumento de las contrataciones de la Suizo Argentina del 2678% entre 2024 y lo que va de 2025, entre ellas operaciones desde el Ministerio de Defensa.
Es la operatoria regular por la que el Estado se hace por ejemplo de todo tipo de fármacos y en especial donde se pone mucho interés en los casos de drogas de alto precio para tratamientos sofisticados como en el caso de los oncológicos.
Y por otro, está el mecanismo de compra rápida y por «compulsa» que debe resolverse en un par de días a partir de la judicialización por parte de los pacientes que reclaman la cobertura de enfermedades raras con drogas de vanguardia de valores muy altos.
Al tener la representación de los laboratorios, quienes ofertan y participan de las licitaciones públicas o de las compulsas cuando corresponde no son entonces los fabricantes directamente, sino las droguerías.
Ex funcionarios que han participado de operaciones de compra por parte del Estado cuentan historias increíbles en las que descubrieron que en algunos casos puntuales las droguerías le añadían al precio ya alto de un fármaco de un laboratorio un margen de más del 200%. «Si se trata de un medicamento exclusivo, no podés patalear», indican.
En el caso de la Suizo Argentina, cuyos propietarios Jonnathan y Emmanuel Kovalivker están en la mira además porque los encontraron escapando de un barrio cerrado con dólares ensobrados, los años de dedicarse a este segmento de la industria les da la espalda como para poder comprarle a un laboratorio un medicamento de US$1 o US$2 millones y poder luego hacer la operatoria para volcarlo en el mercado.
«¿Hay retornos con funcionarios de compras? ¿Hay una parte que va a la Justicia? ¿Cuánto debería costar realmente un medicamento? Se desconoce el costo de producción, se desconoce el margen real de los distribuidores y las droguerías. Entonces un porcentaje del 3, 5, u 8% se va como el agua en todo ese proceso«, explica un hombre que conoce la industria y sus pliegues.
Estar en el medio de la cadena de producción, distribución y venta de drogas además se trata de una posibilidad como para que también intenten entrar empresarios con todo tipo de intereses.
Cuando estalló el caso del fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma, por el que se investigan casi 100 muertes, se puso la lupa en su dueño, Ariel García Furfaro, hoy detenido, dado que entre otros temas había querido quedarse con la fabricación de la vacuna Sputnik durante la pandemia y que hacía gala de contactos dentro del peronismo.
García Furfaro pudo distribuir su producción en buena medida gracias a que además controlaba dos droguerías, Alfarma y Glamamed, que terminaron inhibidas por la Justicia en el marco de la investigación que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak.
