La clínica Vélez Sarsfield, ubicada en la ciudad de Córdoba, fue allanada el pasado viernes por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3, en el marco de la causa por el fentanilo contaminado que ya dejó al menos 76 víctimas fatales en el país. El operativo fue motivado por presuntas inconsistencias entre los casos reportados por el establecimiento y la cantidad de ampollas utilizadas.
Según información a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, la dirección de la clínica había informado oficialmente solo cuatro pacientes infectados —uno de ellos fallecido—, todos tratados con ampollas del lote 31202 de fentanilo, fabricadas el 18 de diciembre de 2024 por el laboratorio HLB Pharma. Sin embargo, la investigación detectó que en la institución se habrían administrado 1.693 ampollas contaminadas, lo que despertó sospechas sobre un subregistro de casos.
Ante la falta de respuesta a los requerimientos judiciales y la entrega parcial de documentación, la Justicia dispuso el allanamiento, que derivó en el secuestro de historias clínicas para verificar si existieron más pacientes afectados de los reconocidos por la clínica.
La institución privada ya había estado bajo la lupa en las últimas semanas luego de que un bebé recién nacido resultara intoxicado con fentanilo, hecho que incrementó la presión mediática y judicial sobre sus autoridades.
En las últimas horas, la diputada nacional del PRO, Silvana Giudici, acusó a García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma y señalado como responsable del fentanilo contaminado, de tener relaciones con figuras del kirchnerismo. «La familia García Furfaro tiene una amistad con Alicia Kirchner y Lázaro Báez».
La legisladora agregó que la madre del empresario «tiene su domicilio fiscal en una de las empresas del actual condenado». También señaló que el exapoderado de HLB Pharma, Sebastián Daniel Nanini, mantiene vínculos con el Partido Justicialista, fue funcionario del intendente de José C. Paz, Mario Ishii y abogado de la exesposa de Lázaro Báez.
