En la sexta jornada de la audiencia del juicio en el que se investiga una presunta red narco en la Unidad Carcelaria N°1 de la ciudad salteña de Villa Las Rosas, un subalcaide del Servicio Penitenciario de la provincia norteña fue demorado.
El funcionario, quien ejerció la jefatura del Pabellón A1 durante el período investigado, respondió este lunes con evasivas a las preguntas de los fiscales, lo que generó sospechas.
Las contradicciones del subalcaide surgieron especialmente en torno a una solicitud del imputado Sergio Moya para que un preso accediera al beneficio de extramuros.
En el sitio web del Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS) se informó que los jueces Federico Diez, Javier Araníbar y Paola Morocco le tuvieron que recordar al subalcaide en tres ocasiones que comparecía bajo juramento y que su rol como funcionario exigía transparencia.
Las evasivas y contradicciones del funcionario penitenciario surgieron ante las preguntas del procurador general, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, quienes buscan esclarecer los hechos.
En la sexta jornada de la audiencia del juicio también brindó su testimonio un perito informático del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
El especialista explicó que realizó dos tipos de extracciones a un celular perteneciente al acusado Federico Bisceglia, un miembro de la Dirección de Vigilancia y Tratamiento apuntado por el director general del Servicio Penitenciario, Enrique Torres, por presuntas irregularidades.
El perito detalló que efectuó dos maniobras: la física, que permite acceder a datos de aplicaciones y material borrado; y la lógica, que visibiliza información con el dispositivo encendido.
Las pruebas halladas fueron remitidas a la Fiscalía y las partes tienen la opción de analizarlas para avanzar en la investigación.
Luego, el encargado del Sector de Mantenimiento de Guardia Externa y el subjefe del Departamento de Vigilancia y Tratamiento de Seguridad Externa aportaron información relevante.
Ambos alertaron que Moya presentaba al interno Manuel Méndez como un familiar y un vecino, lo que podría haber facilitado el ingreso de objetos al penal.
Por su parte, la jefe del Sector Atención al Ciudadano negó haber visto el ingreso de cajas de pizzas, aunque admitió que es frecuente que los empleados pidan por “delivery”.
Sin embargo, aclaró que en su área no se controla lo que entra al penal, ya que esa función corresponde al personal de scanner. Esa presunta desinteligencia en el control podría haber permitido el ingreso de objetos prohibidos, como estupefacientes, al interior del penal.
Después, una trabajadora del Sector de Registro y Requisa del penal precisó que hay tres escáneres en el penal, aunque uno está fuera de servicio.
La empleada, además, admitió que los guardias requisaban de forma irregular los elementos que llegaban al Complejo Penitenciario y que algunos llevaban comida con autorización de un superior. Además, confesó no saber identificar drogas y nunca haber recibido capacitación para eso.
Se espera que este martes declaren otros diez testigos, lo que podría arrojar más luz sobre las operaciones de la presunta red narco.
