Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe de «Los Copitos», fue liberado este jueves 21 de agosto tras haber sido acusado en el marco del intento de asesinato contra la expresidenta Cristina Kirchner. La decisión fue tomada luego de que este pasara tres años preso en Marcos Paz.
El Tribunal Oral Federal 6 ordenó la excarcelación de Carrizo luego de que la fiscalía y la querella no formularon una acusación en su contra durante la etapa de alegatos finales. Conocido como el jefe de «Los Copitos», recuperó su libertad luego de la audiencia del juicio oral en los tribunales de Retiro.
El implicado ahora liberado se encontraba preso desde septiembre de 2022, cuando fue detenido por orden de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, procesado como supuesto «partícipe secundario» del intento de magnicidio contra la exmandataria.
La decisión de liberar al implicado se produjo luego de que la fiscal Gabriela Baigún diera los alegatos finales del juicio e indicara que no encontró pruebas para acusarlo, la misma postura que manifestó la querella de Cristina Kirchner. Acto seguido, Gastón Marano, abogado de Carrizo, solicitó al Tribunal Oral Federal 6 la «inmediata soltura» de su defendido.
Los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari accedieron al pedido del letrado que defiende a Carrizo y se procedió a concretar la liberación. La decisión de no acusarlo forma parte de un intento de la querella para desarmar la acusación de que el intento de magnicidio fue obra de «Los Copitos» y apuntar contra un supuesto poder político oculto.
Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte no corren con la misma suerte. Este miércoles, la fiscal pidió para el primero una condena de 15 años, considerando que fue quien gatilló dos veces una Bersa calibre 32 contra la expresidenta, y para la segunda una condena de 14 años por complica. Ambos fueron acusados de «tentativa de homicidio doblemente agravado por el uso de un arma de fuego y por violencia de género».
A la hora de pedir las condenas para cada uno, la fiscal consideró como agravantes la calidad institucional de la exfuncionaria y la violencia de género. En paralelo, como atenuantes se señaló la precaria situación social que ambos atravesaban antes de cometer el ataque en septiembre de 2022.
En este contexto, la fiscal señaló que Sabag Montiel cuenta con una condena a 4 años por la venta de videos de pornografía infantil, por lo que pidió unificar la condena a 19 años, mientras que la de Uliarte quedaría en 14 años y 6 meses de prisión.
Baigún realizó un alegato de casi 8 horas donde explicó que los hechos imputados a Sabag Montiel encuadran en los delitos de «homicidio agravado por alevosía, por haber sido perpetrado mediando violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa, en calidad de autor penalmente responsable«.
La acusación mencionada se realiza en concurso ideal con el delito de portación de un arma de guerra sin la debida autorización legal en calidad de autor penalmente responsable.
Los hechos imputados a Uliarte, por su parte, se encuentran en los delitos de «homicidio agravado por alevosía, por haber sido perpetrado mediando violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesaria penalmente responsable«.
