Las denuncias en la localidad de Las Cejas no cesan y amenazan con seguir multiplicándose. Ex empleados de la comuna rural denuciaron a la delegada Cristina Contreras.
Según los damnificados la delegada comunal les retenía las tarjetas de débito y les retenía parte de los haberes que les correspondía comprar. Algo así como una «comisión» que tenían que pagar para devolver el «favor» de haberles dado trabajo. O sea, una modalidad bien conocida y extendida en el país de la mano de la degradación moral en la que se debate la política.
En Las Cejas no es nuevo. El ex delegado comunal Hugo Alfredo Lazarte, casualmente esposo de Contreras fue declarado en rebeldía por el Tribunal de Cuentas por no rendir los gastos realizados durante su gestión. Esto significa que el nepotismo y el desmanejo administrativo (corrupción) son el principal patrimonio de esa comuna.
El expediente Nº 3.525 que lo declara en rebeldía al ex comisionado comunal está firmado por Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales).
Según el artículo 183 de la Ley de Administración Financiera, la rebeldía será declarada de oficio por el TC cuando el responsable, debidamente citado, no comparece a estar a juicio o no designa domicilio en el radio de San Miguel de Tucumán. Con esto, se evita la suspensión de estos procesos y, “respecto del responsable ausente, se prosigue en rebeldía”, señala la normativa. Lazarte también había sido declarado en rebeldía a través del acuerdo 3.064, del 4 de agosto, por falta de regularización de comprobantes de observación del último bimestre de 2021, por unos $ 3,8 millones.
El diputado nacional y candidato al mismo cargo Roberto Sánchez, apuntó contra la Casa de Gobierno. “Lo que está sucediendo en Las Cejas no es un caso aislado. Es la radiografía más cruda de una forma de ejercer el poder que se mantiene desde hace décadas en Tucumán y de la que Osvaldo Jaldo es responsable. Lo denunciamos siempre y ahora no es la excepción. La que debe actuar y con celeridad es la Justicia”, afirmó el dirigente de la UCR.
Lejos está el caso de Las Cejas de ser un hecho aislado. Esas mismas denuncias se realizan en distintas administraciones territoriales e incluso en la misma Legislatura. Pareciera que es una costumbre muy extendida la mentalidad patrimonialista. Desde hace unas décadas a esta parte alguien inventó un nuevo «curro político», que es pedirle a quien se le da trabajo en la esfera pública un porcentaje de lo que cobra como si fueran «modernos esclavos». No hay manifestación más denigrante que esa. Es como arrancarle parte de la comida de la boca a las personas. Decididamente intolerable.
