El Tribunal Oral Federal 2, que condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión por la causa Vialidad, rechazó una maniobra procesal de la expresidenta que buscaba evitar el decomiso de sus bienes por 530 millones de dólares.
Por el contrario, el tribunal delegó en los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola la identificación de los bienes sobre los cuales se avanzará con el decomiso.
Mientras se suceden estos pasos, la Cámara Federal de Casación realizará el 11 de septiembre una audiencia con los representantes de Cristina Kirchner y con el fiscal Mario Villar para definir si confirma o no el mecanismo de actualización de la suma a decomisar, fijada en 684.990 millones de pesos.
Cristina Kirchner le planteó a los jueces del tribunal oral federal 2 que la condenaron que, en su criterio, no eran competentes para decomisar sus bienes.
En cambio, dijo que esa tarea le correspondía al juez civil y comercial federal Marcelo Bruno Dos Santos que estaba llevando adelante una demanda civil de la Dirección Nacional de Vialidad contra los condenados.
Justamente, días después de que la expresidenta hizo este planteo, el Dos Santos falló a favor de Cristina Kirchner y cerró la demanda porque entendió que el Estado no había activado el reclamo por más de seis meses, con lo que declaró caduca esta instancia. El gobierno apeló esta decisión, lo que evitó que se cerrara la causa.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Gonzalo Giménez Uruburu y Andrés Basso, rechazó estos planteos de incompetencia de la expresidenta y uno similar que hizo el empresario Lázaro Báez, ejecutado por otro tribunal oral.
Los jueces confirmaron que son ellos los que deben avanzar con el decomiso tras el fallo de la Corte que dejó firme las condenas de Vialidad.
Cristina Kirchner, junto a sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, había sostenido que el tribunal confundía “el decomiso” con “la reparación de perjuicios” pidió que la ejecución se fuera al fuero Civil y Comercial federal.
Báez, por su parte, reclamó que el decomiso fuera al Tribunal Oral Federal 4, que ya lo condenó a una pena unificada de 14 años por lavado de dinero en la causa de la Ruta del dinero K.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso rechazaron los dos planteos. Subrayaron que el decomiso “no es equiparable a la obligación de indemnizar” y que se trata de “una pena accesoria vinculada a la responsabilidad por el delito cometido”. Con respecto de Báez, sostuvieron que su defensa incurrió en “una confusión conceptual entre la categoría dogmática de decomiso y la noción de objetos decomisables”.
El tribunal dijo que “en los delitos de corrupción el decomiso cumple una función reparatoria del daño social causado, destinado a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos”.
“Corresponde mantener la competencia de este tribunal para ejecutar la pena de decomiso firme, en tanto sanción penal accesoria con efecto reparador a favor del Estado, sin que quepa supeditar su cumplimiento a eventuales acciones civiles”.
Con esta resolución, el tribunal ya despejó el camino para ejecutar los bienes de la expresidenta y del resto de los condenados hasta cubrir la suma de 530 millones de dólares.
Los jueces delegaron en los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola la identificación de bienes que sean plausibles de ejecutar y le encomendaron hacerlo para avanzar con los remates.
“El Ministerio Público Fiscal se encuentra investido de plenas y suficientes facultades para promover, en sede judicial, las medidas conducentes a la identificación exhaustiva de los bienes cuya titularidad corresponde a los condenados”, dice la resolución.
En tanto, en paralelo la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, convocó a una audiencia el próximo 11 de septiembre para analizar los cuestionamientos sobre el modo en que se calculó el decomiso.
Analizarán de forma conjunta e integral los recursos de casación interpuestos por la defensa de Cristina Kirchner contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 que había rechazado la nulidad del índice de actualización utilizado para actualizar el monto de decomiso.
Y también se discutirá en esa audiencia si corresponde actualizar o reexpresar el monto del decomiso ordenado en la sentencia condenatoria del 2022.
El 17 de junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó y dejó firme la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta.
Las partes expondrán sobre los dos recursos de casación en trámite ante la casación el 11 de septiembre, luego de lo cual el Tribunal tendrá 5 días para resolver.
Si Casación confirma lo decidido por el Tribunal, seguirá adelante el decomiso basándose en el cálculo que llega a los 530 millones de dólares.
En paralelo en la causa por la demanda civil contra Cristina Kirchner, el juez Marcelo Bruno dos Santos dispuso la caducidad de la instancia, es decir el cierre del caso ante el desinterés de Vialidad en cobrar la deuda, pues no impulsó el caso durante mas de 6 meses.
Pero los condenados están lejos de festejar, pues Vialidad Nacional apeló esa medida que deberá ser ahora revisada por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.
