Cristina Kirchner solicitó nuevamente que se suspenda la ejecución de sus bienes y se anule la actualización del monto de $684.990.350.139 por el que debe responder junto a los otros condenados en la causa por Vialidad, en la que se juzgaron los desmanejos de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.
En un escrito presentado ante la Cámara de Casación, la expresidenta -que cumple prisión en su domicilio de San José 1111 por fraude al Estado- criticó el modo en que se realizó el cálculo del decomiso y solicitó que se ordene un nuevo pronunciamiento “conforme a derecho”.
Además, pidió que se suspendan «todas las actividades patrimoniales ejecutivas en curso que se vinculan con el instituto del decomiso».
La solicitud se dio en el marco de una audiencia dispuesta por la Sala IV de la Cámara para escuchar a todas las partes respecto al monto del decomiso, que fue definido en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2) y actualizado en julio de este año, luego de que la Corte Suprema confirmara la condena a 6 años de prisión por fraude al Estado.
La cifra original, dispuesta por los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso era de $84.835.227.378. La actualización, correspondiente al 15 de julio, la llevó a superar los 680 mil millones de pesos actuales.
Cristina Kirchner ya había formulado su pedido de nulidad ante el tribunal, que lo rechazó in limine pero abrió la instancia de Casación.
En su escrito, la expresidenta cuestionó a los jueces y criticó la metodología empleada para la actualización, que fue la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Sostuvo que los magistrados no ofrecieron razones que explicaran la “superioridad” de ese mecanismo respecto a otras metodologías, que arrojaban sumas menores. Durante el juicio, por caso, su perito de parte calculó que el monto debía rondar los 42 millones.
“El a quo [por el TOF 2] dejó en claro que el monto consignado en la sentencia era meramente provisorio y que, en definitiva, sería definido a través de la intervención de organismos técnicos una vez que el fallo adquiriera firmeza“, señala la expresidenta en el documento, presentado esta mañana por su abogado defensor Alberto Beraldi.
Por su parte, el fiscal ante la Casación, Mario Villar, también presentó un escrito con el que solicitó el rechazo de los recursos de la expresidenta y la confirmación del monto actualizado del decomiso.
Son más de 500 millones de dólares al cambio oficial, que deben ser restituidos de manera “solidaria” entre todos los condenados.
El fiscal sostuvo que la interpretación de la expresidenta acerca del carácter “provisorio” de ese monto es “errónea” y busca reabrir un debate zanjado en instancias superiores.
“Es evidente que la provisoriedad a la que se referían los jueces no es la que sostienen las defensas, sino una muy distinta, vinculada a la necesidad de una futura actualización del monto [..] por el lapso que mediara entre el dictado de la sentencia y su (entonces eventual) confirmación por parte de las instancias superiores”, afirmó.
“La cuestión objeto de análisis ya fue oportunamente debatida y resuelta por los tribunales superiores durante la etapa de revisión de la sentencia condenatoria”, señala el texto, que añade: “De modo que la decisión al respecto se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada y es, por ello, intangible”.
A su vez, Villar respaldó el trabajo los jueces, el realizado por los peritos, y al IPC como mecanismo de actualización, y se opuso a la suspensión de la ejecución, algo de uso “excepcional”.
Los jueces de la Sala IV, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña deben resolver los pedidos en los próximos días.
Los bienes que la Justicia podría decomisar de Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez -principal beneficiario del reparto irregular en la obra pública- y el resto de los condenados en la causa incluyen millones de dólares en efectivo, centenares de propiedades, sociedades estancias, chacras y departamentos. En total, son 213 propiedades en total, 14 vehículos y seis sociedades.
Los fiscales del juicio oral, Luciani y Sergio Mola pidieron tras la condena que se ejecuten de manera inmediata los bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados.
