La dueña de un supermercado llamado California, en La Plata, provincia de Buenos Aires, denunció a dos de sus cajeras por una presunta estafa. Las empleadas fueron despedidas el 8 de septiembre y la fiscalía investiga los delitos de “estafa y robo”.
Según la denuncia presentada por la propietaria, las cajeras habrían sustraído alrededor de $7 millones mediante el uso de sus alias personales para recibir pagos de clientes. La maniobra se realizó durante un período de casi dos meses, entre el 13 de julio y el 6 de septiembre.
La irregularidad salió a la luz al notar una discrepancia entre los ingresos en caja y la facturación total del supermercado. Al realizar un control exhaustivo, la dueña observó que la mercadería vendida no se correspondía con el dinero depositado en la cuenta bancaria del comercio.
La denunciante declaró en su presentación judicial: “Al momento de hacer el control de las facturaciones me di cuenta de que estaban dando un alias para pagos diferente al del supermercado”.
La dueña del supermercado presentó varias pruebas ante la fiscalía:
- Grabaciones de las cámaras de seguridad: En los videos se observa a las cajeras registrar los pagos con un alias diferente al oficial del supermercado.
- Listados de facturación: Estos documentos muestran compras eliminadas de la caja registradora.
- Comprobantes de pago: Se trata de recibos de transferencias bancarias que nunca se reflejaron en las cuentas del comercio.
Tras confirmar sus sospechas, la dueña del supermercado despidió a las dos cajeras involucradas el 8 de septiembre. Además, realizó una presentación judicial formal contra las empleadas por los delitos de “estafa y robo”.
Las empleadas, según la denuncia, proporcionaban sus alias bancarios personales a los clientes al momento de pagar. De esta manera, el dinero de las compras se transfería directamente a sus cuentas en lugar de ingresar a la cuenta del supermercado. Posteriormente, las cajeras registraban la operación como si se hubiera realizado con el alias oficial.
La causa se encuentra en manos de la fiscalía de turno, que investiga el caso para determinar el monto exacto del perjuicio económico y la responsabilidad penal de las empleadas. La Justicia analiza las pruebas presentadas por la denunciante y podría ordenar nuevas medidas para esclarecer los hechos.
