Una empleada bancaria fue procesada tras comprobarse que robó casi un millón de pesos de las cuentas de al menos siete clientes. El hecho ocurrió en la sede del Banco Nación de Caleta Olivia, Santa Cruz, donde trabajaba. La mujer fue procesada por fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.
Todo comenzó con la denuncia de la entidad bancaria, que reportó que recibió un “alerta por actitudes y accionar sospechoso” de una de sus empleadas, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
El accionar de la mujer habría quedado registrado a través de las cámaras de seguridad de la sucursal, donde se la veía realizar retiros sin la autorización de los clientes y en beneficio propio. La mujer sacaba el dinero y lo guardaba en su billetera o un cuaderno que tenía a mano.
El juez federal Claudio Vázquez sostuvo que la mujer “se aprovechó de su posición y de la relación de confianza que la unía con sus compañeros de trabajo” para así obtener “las autorizaciones necesarias que el sistema operativo exigía para concretar las transacciones ilegales”.
Según la denuncia presentada por la entidad, la mujer desvió un total aproximado de 948 mil pesos de cuentas de caja de ahorro de al menos siete clientes. Las maniobras se habrían realizado entre diciembre de 2021 y mayo de 2022.
El proceso judicial comenzó en 2024, cuando el fiscal federal Lucas Colla y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitaron la indagatoria de la mujer. La imputada intentó evitar su situación procesal al ofrecer tres millones de pesos como reparación a través de un acuerdo conciliatorio con el banco.
El acuerdo fue rechazado por el Ministerio Público Fiscal que argumentó que, al tratarse de un banco público, la mujer calificaba como una funcionaria pública. “El Ministerio Público consideró que, al tratarse de una trabajadora de un banco público, debía ser equiparada a una funcionaria pública y los delitos contra la administración exigen investigación y sanción”, explicó.
Y agregó: “Consideró que el Estado argentino asumió una postura de lucha contra la corrupción a nivel internacional e hizo foco en el compromiso que tiene en esta temática”. A pesar de la oposición del MPF, el juez de primera instancia homologó el acuerdo. Sin embargo, el MPF apeló y, en su recurso, sostuvo que la resolución aprobó el acuerdo “en clara contraposición a los lineamientos legales establecidos para los casos de corrupción”.
Más tarde, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la decisión del juez de primera instancia y dio lugar al planteo fiscal.
Tras ello, el juez Vázquez resolvió su procesamiento por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público. Además, le impuso un embargo de cinco millones de pesos.
“Las maniobras reprochadas a la causante, han tenido su origen en un beneficio económico para la propia imputada y realizadas en perjuicio de clientes con los cuales no mantenía ningún tipo de vínculo como así también de la institución bancaria, por lo que, resulta inverosímil que pueda alegarse falta de direccionamiento de dichas conductas o que las mismas disten de ser realizadas al azar o sin raciocinio”, concluyó el juez.
El caso de Santa Cruz es la segunda polémica que se dio a conocer este viernes en torno al Banco Nación. En marzo y abril de este año, una organización criminal se presentaba en las cajas de atención al público con DNI falsos y pedían retirar dólares y pesos depositados en cajas de ahorro. El mecanismo se repitió en las sucursales del banco en Plaza de Mayo, Palermo, Pilar y Morón.
Los criminales recibían el aporte esencial de un empleado infiel, conocido como Cara de póker, que trabajaba en el sector Oficios y Embargos de la plataforma operativa de la sucursal y obtenía información para concretar la estafa.
La banda falsificaba documentos de identidad y obtenía de forma ilegítima la información registrada en los archivos o bancos de datos del banco, específicamente sobre cuentas bancarias y sus titulares. Así, perpetuaban defraudaciones, perjudicando patrimonialmente a quienes tenían sus ahorros en las sucursales.
