Tras casi dos horas de deliberación, los jurados populares y los jueces técnicos de la Cámara Uno del Crimen de Río Cuarto, acordaron la sentencia del caso Solange Musse. «En Argentina no hay justicia, sólo me queda agradecerle a cada argentino que me apoyó», dijo dolido tras sentencia el padre, Pablo Musse.
Se decidió por mayoría absolver al médico Eduardo Andrada, el ex titular del COE de Huinca Renancó y por unanimidad absolver a la asistente social Analía Morales, quien durante la pandemia trabajaba en el mismo organismo, en la sede de Río Cuarto.
Cabe señalar que el fiscal cordobés Julio Rivero había pedido este lunes una condena de un año y medio de prisión, de ejecución condicional para los dos ex funcionarios provinciales acusados de abuso de autoridad e incumplimiento en sus deberes, por haber impedido que un hombre se diera un último abrazo con su hija moribunda en plena pandemia de COVID-19.
A su vez, José Nayi, abogado de la querella, requirió una pena de dos años ejecución condicional y el doble de inhabilitación para ambos.
Solange Musse (35) murió en la ciudad de Alta Gracia el 21 de agosto de 2020, en momentos en que estaba en pleno auge el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO).
La mujer transitaba un cuadro terminal de cáncer y su último deseo era abrazar a su padre que partió desde Plottier, Neuquén, con la intención de cumplir su promesa, el 16 de agosto, durante el gobierno de Alberto Fernández.
Cuando el hombre llegó al retén que se había dispuesto en el ingreso sur a la provincia, en la localidad de Huinca Renancó, por disposición de las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), no pudo ingresar a Córdoba y fue obligado a volver a su ciudad de origen.
El juicio está cargo del tribunal de la Cámara del Crimen N° 1 de Río Cuarto, presidida por Daniel Antonio Vaudagna junto a Nicolás Rins y Diego Ortiz. Empezó el lunes 1° de septiembre.
Pasadas las 10 de este lunes, el tribunal técnico y los jurados populares dieron inicio a la última jornada del debate que se les sigue a dos ex miembros del COE provincial imputados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa que se originó a partir de los sucedido con la familia Musse.
Se trata del médico Eduardo Javier Andrada, quien era director del COE de Huinca Renancó, y de la asistente social Analía Morales, que era parte del mismo organismo en Río Cuarto.
La ronda de alegatos se inició con el fiscal Rivero, quien contó que Pablo Musse y su cuñada Paola Oviedo intentaron ingresar a Córdoba, con un perro.
La idea era almorzar en Alta Gracia con Solange, quien transitaba la fase final de su enfermedad atendida por su madre, Teresa Oviedo.
Rivero recordó que luego de que se le practicara a Musse un examen de PCR con resultado “dudoso”, Andrada y Morales decidieron que no ingresara a Córdoba y que fuera escoltado por una comitiva policial hasta su casa en Neuquén.
El fiscal aseguró que en ese momento se desatendió la directiva que existía para este tipo de casos, que señalaba que tenían que acompañar a Musse y su cuñada hasta la casa en la que vivía Solange.
Luego hizo un resumen de las declaraciones de los dos imputados.
En torno a lo planteado por el médico Andrada, sostuvo que aseguró que no fue suya la decisión de no dejar ingresar a Musse. “Yo no decidí, decidió la Provincia con su protocolo”, citó el fiscal de lo señalado por Andrada.
“Si Andrada dice eso, yo tengo que probar que en ese momento la Provincia es él, y que el protocolo tiene dos caras. El anexo 57 del protocolo 48. Una cara es la rigidez que decía que nadie entraba sin PCR negativo. Y a la otra cara es la flexibilidad», expresó.
En este punto, el fiscal aseguró que estaba la posibilidad de que Musse ingresara al hospital de Río Cuarto.
“No me cabe duda de que a partir de lo que resolvieron y ordenaron Andrada, por acción, y Morales, por omisión, claramente podemos considerar de que fueron privados ilegalmente de su libertad, de su poder de locomoción y que, además, fueron destinatarios de actos humillantes, vejatorios y que podrían incurrir en la privación ilegal de la libertad”, indicó el fiscal.
Además, apuntó que durante las audiencias rondó la posibilidad de ampliar la acusación por esos delitos que posiblemente se cometieron contra los Musse.
Rivero reclamó que Pablo Musse, Solange Musse, Teresa y Paola Oviedo sean declarados víctimas de violencia institucional.
Por otro lado, pidió la pena de un año y seis meses de ejecución condicional para Andrada y Morales y la inhabilitación especial por el doble de la condena para ambos.
Y requirió que se deje sentado para una posible investigación la comisión del delito de privación ilegítima de la libertad en contra de Pablo Musse y Paola Oviedo por la decisión de que vuelvan a Neuquén con un sistema de encapsulado policial sin dejar que se bajaran a comprar comida, o ir al baño.
Rivero insistió en varios tramos de su alegato en que la responsabilidad era de los dos imputados, Andrada y Morales, que habían asumido el cargo de responsables del COE por decisión del Ministerio de Salud de la Provincia.
Y aseveró que Pablo Musse tenía un permiso esencial que había gestionado días antes, además de la premisa que debía hacerse cumplir para la atención de una familiar de primera línea como lo era su hija. Por otro lado, Paola Oviedo tenía domicilio en Alta Gracia y estaba regresando a su casa.
El fiscal se manifestó en torno a los dichos que señalan que en este caso había que investigar a los funcionarios de más alto rango de la provincia, debido a que Andrada y Morales son “dos perejiles».
“Ojo con esto de ir para arriba”, advirtió al señalar que deben existir pruebas de la responsabilidad de cada funcionario sobre el tema. “Si yo me equivocaba cuando era fiscal de Instrucción, no debía responder por mí el fiscal general de la provincia”, dijo.
El fiscal insistió que el doctor Andrada, “por acción”, evitó el ingreso de Pablo Musse a la provincia y decidió que se lo acompañara hasta su ciudad de origen “inobservando el análisis” de las posibilidades de flexibilizar la normativa existente en la pandemia. Y aseguró que Morales debe responder por “omisión impropia”.
En su alegato, el abogado querellante planteó que se incumplieron las normas que estaban vigentes al impedir que Musse y su cuñada atravesaran el retén sanitario de Huinca Renancó.
Nayi aseguró que no se tuvo en cuenta la “urgencia” del caso que derivó en la muerte de Solange sin poder cumplir su último deseo.
“Hay incumplimiento de los deberes de funcionario público”, dijo y agregó que no hubo empatía por parte de los acusados ni tampoco “dignidad humana”, por la situación que tuvo que atravesar Paola Oviedo por su discapacidad.
Al pedido del fiscal, que se basó en el delito de abuso de autoridad, Nayi le agregó el de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Osvaldo Narcisi, abogado defensor de Analía Morales, pidió la absolución para su representada. En su planteo, señaló que la investigación sobre lo que sucedió con Pablo Musse y Paola Oviedo no está terminada y dijo que el exministro de Salud, Diego Cardozo, recién hizo un planteo claro de lo que sucedía en la pandemia cuando se presentó en el juicio al contrario de lo que hizo en la instrucción del caso. “Es muy fácil señalar con el dedo a quien hizo o no hizo las cosas con el diario del lunes”, enfatizó el letrado.
Por otro lado, planteó que en la instrucción se trabó la causa en las responsabilidades de los dos acusados y no hubo intención de seguir hacia arriba hacia las máximas autoridades provinciales de la pandemia.
“Me llama la atención que ninguno de los policías haya constatado que Musse venía acompañado”, reclamó Narcisi en relación al hecho de que no se dejó en claro que en el automóvil viajaba Paola Oviedo, la tía de Solange, que es discapacitada.
