En la etapa final del juicio por el atentado a Cristina Kirchner, la defensa de Brenda Uliarte pidió este miércoles que se le imponga la pena mínima, de entre 5 y 10 años, al considerar que actuó como partícipe secundaria o necesaria.
Durante un alegato de siete horas ante el Tribunal Oral Federal N°6, los abogados Gabriel Lanaro Ojeda y Eduardo Chitarro sostuvieron que la imputación debería calificarse como “tentativa inidónea”, ya que el delito no llegó a consumarse.
Además, plantearon que solo debe aplicarse el agravante de impacto político y social, al tratarse de un ataque contra una vicepresidenta.
Los defensores rechazaron el pedido de la querella de aplicar la misma condena a Uliarte y a Fernando Sabag Montiel. “En este caso, Sabag Montiel tiene un rol central y merece una pena mayor, no sería equitativo darle la misma pena a ambos”, indicó Lanaro Ojeda.
A su vez, criticaron a la fiscalía por imputar a una mujer en un intento de femicidio sin aplicar perspectiva de género.
Lanaro Ojeda subrayó que Uliarte era “una persona absolutamente sometida, que lejos de dominarlo era dominada”, y pidió que esa situación sea tenida en cuenta al dictar sentencia.
A mediados de agosto, los abogados de Cristina Kirchner habían solicitado 15 años de prisión tanto para Sabag Montiel como para Uliarte, mientras que pidieron la absolución de Nicolás Carrizo. La fiscalía, en cambio, solicitó 19 años para Montiel y 14 para Uliarte.
La defensa de Sabag Montiel, por su parte, reclamó su absolución al argumentar que el imputado presenta un trastorno de salud mental que lo hace inimputable. La letrada Fernanda López Puleio criticó que ni la fiscalía ni la querella analizaran en detalle su estado psicológico y advirtió inconsistencias entre las pericias psiquiátricas realizadas.
La defensa de Nicolás Carrizo, señalado como el jefe de la “banda de los copitos”, también pidió su absolución. Su abogado, Gastón Marano, sostuvo que “Carrizo nunca tuvo ni entregó un arma” y que no existe ninguna prueba que lo vincule con la planificación del atentado.
Además, remarcó que su relación con Sabag Montiel fue “pura y absolutamente laboral” y denunció irregularidades en la investigación, como la falta de acceso completo al celular de Montiel.
