El Gobierno nacional dispuso, mediante el Decreto 695/2025, la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A., empresa que opera las tres centrales nucleares del país (Atucha I, Atucha II y Embalse). Aunque el Estado conservará la mayoría accionaria, especialistas advierten que la medida abre la puerta a riesgos estratégicos.
El ingeniero Nicolás Malinovsky, autor del libro Crítica de la energía política y trabajador de Nucleoeléctrica, explicó que privatizar esta empresa es entregar el 7% de la matriz energética nacional a capitales privados, un sector que se destaca por ser de los más baratos y confiables. “La entrada de privados implica presión por rentabilidad de corto plazo, lo que puede derivar en tarifas más altas para los usuarios”, advirtió.
Malinovsky subrayó además el valor del conocimiento acumulado en la industria nuclear argentina, con 65 años de desarrollo científico y tecnológico. “No solo genera energía limpia y estable: también produce ciencia y profesionales altamente calificados. Cada ingeniero que se pierde requiere seis años de formación para reemplazarlo, y hoy estamos viendo un éxodo hacia el sector privado por salarios congelados”, explicó.
El especialista sostuvo que el proceso equivale a “rematar” un capital social construido por la universidad pública y el Estado. También vinculó la medida con condicionamientos externos: “El FMI promueve privatizaciones y, a pedido de Estados Unidos, se frenó una inversión nuclear china. Paralizar proyectos como el reactor CAREM significa resignar una carrera tecnológica en la que Argentina tenía potencial de competir a nivel mundial”.
