Como no podía ser de otra manera, la legisladora Sandra Figueroa pidió licencia a su banca en la Legislatura de Tucumán, tras ser procesada en el marco de la causa que investiga la existencia de una presunta organización criminal que habría operado desde la estructura misma de la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi. Junto a la legisladora y a su esposo Luis Campos fueron procesados por la Justicia Federal.
«En virtud de los hechos de público conocimiento vinculados a la causa que investiga la Justicia Federal, pudiendo así abocarme a mi defensa y colaborar con el proceso judicial para aclarar mi situación de manera transparente», explicó en la nota presentada.
La circulación de un mensaje de voz disparó la investigación a cardo del personal de la División Informática Forense de la Policía de Tucumán. De acuerdo a las pericias, las voces correspondían a Luis Armando Campos -entonces intendente municipal- y Roque Cayetano Giménez -empresario local-. En esa conversación se hacía referencia a supuestos hechos delictivos graves: narcotráfico, comercialización de menores, injerencias sobre la policía y uso de fondos municipales.
La investigación descubrió una trama siniestra. Quedó al descubierto que los intereses particulares y delictivos estaban íntimamente relacionados con el funcionamiento institucional del municipio.
El audio es tan explícito que el gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo intervino el municipio y el domingo 26 de octubre los vecinos de Alberdi elegirán otro intendente.
El procesamiento realizado por la Justicia Federal involucra a seis personas: Luis Campos (ex intendente), Roque Cayetano Giménez (empresario), Sandra Beatriz Figueroa (ex jefa municipal), José del Carmen Roldán (ex secretario de Hacienda), José Albano Loru (ex concejal) y Pablo Exequiel Barrionuevo: procesado por asociación ilícita.
Las pruebas obtenidas en la causa demuestran con mucha certeza el tipo de relación comercial e íntima entre el ex intendente Campos y el empresario Gimenez.
