Juan Grabois, dirigente social y candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, es investigado por la toma del Instituto Juan Domingo Perón. Recibió hoy un nuevo revés judicial en su intento de evitar que la Justicia realice un peritaje sobre su teléfono celular. Ahora solo le queda ir con un improbable recurso de queja ante la Corte para que eso no suceda.
El fiscal a cargo del caso, Carlos Rívolo, había solicitado la apertura de su teléfono para esclarecer su participación en la ocupación, pero estaban pendientes algunos planteos del dirigente kirchnerista.
Ahora, la Cámara de Casación rechazó un recurso extraordinario que había planteado el dirigente social para evitar el progreso del caso.
Los jueces Juan Carlos Gemignani, Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña rechazaron ese recurso por no estar dirigido en contra de una sentencia definitiva.
Este fallo se suma a otro del 10 de septiembre pasado, cuando el mismo tribunal había despejado el camino para la apertura del teléfono.
El inmueble está en Austria 2593, al lado de la Biblioteca Nacional. Allí vivió Perón y murió Eva Perón.
El día de la toma del predio, el 7 de junio pasado, Grabois fue detenido y su teléfono celular, secuestrado. Todo ocurrió en medio de forcejeos entre los manifestantes y la Policía, que llegó para desactivar la ocupación.
Grabois fue denunciado por el Ministerio de Capital Humano, que también es querellante en el expediente.
El fiscal ordenó la apertura del celular de Grabois para poder analizar su contenido, aunque solo los segmentos que se vinculen con los hechos investigados.
Sin embargo, la medida entró en un compás de espera luego de que el juez Sebastián Ramos sostuviera que antes era necesario avanzar con los pedidos de nulidad de Grabois, a lo que Rívolo se opuso.
El fiscal sostuvo que no era necesario tener “paralizada” la causa y que, mientras se resolvían los planteos en otras instancias, podía avanzarse con la copia forense del aparato.
Tanto la Cámara Federal como la de Casación desestimaron los argumentos del dirigente social, que ahora sufrió un nuevo revés.
En septiembre pasado había sido la Sala III del máximo tribunal penal −integrada entonces por Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky− que consideraron inadmisible el recurso de Grabois.
En los escritos presentados ante la Justicia, por los que pidió la nulidad de la causa, el candidato a diputado descartó su rol de organizador en la ocupación, cuestionó su detención −motivada por cuestiones políticas, dijo− y pidió la devolución de su celular.
Entre otros motivos, alegó que era un dirigente opositor y que en su calidad de abogado representaba a damnificados en otros procesos.
En uno de sus dos pronunciamientos, desfavorables para el dirigente social, la Sala I de la Cámara Federal respaldó el accionar de la Policía el día de los hechos.
“La actitud violenta adoptada por Grabois al momento en que el personal policial le solicitó que abandonara el edificio ocupado fue la razón objetiva que justificó su detención, previo a la autorización judicial pertinente, la que se recabó inmediatamente después”, dice una resolución, firmada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
Respecto a la devolución del celular, los jueces sostuvieron que la información personal almacenada allí no era razón suficiente para no poner en marcha “un peritaje tendiente a aportar −única y exclusivamente− elementos relacionados a los sucesos investigados».
Por su participación en la ocupación del Instituto, el pasado 7 de junio, al dirigente social se lo investiga por daños agravados, explicaron fuentes judiciales.
El día de los hechos, Grabois, que lideró la avanzada, explicó que la medida adoptada no era más que una “permanencia pacífica” que se desplegaría por “tiempo indeterminado”, en respuesta a una posible venta del edificio, que es patrimonio histórico de la ciudad.
El Gobierno había anunciado el cierre del Instituto Perón meses antes, en mayo, por lo que el edificio se encontraba cerrado. El ingreso de los ocupantes se hizo a través de una casona contigua, donde funciona un café que está conectado internamente.
Se vivieron momentos de tensión cuando la Policía Federal y fuerzas de la Ciudad intervinieron para desalojar el instituto. Hubo discusiones y forcejeos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, que aplacaron la escalada con gas pimienta.
De la medida de fuerza participaron unas 100 personas. Entre los dirigentes que se sumaron a la protesta estuvieron los diputados nacionales Itai Hagman y Natalia Zaracho. y la legisladora kirchnerista Victoria Freire.
