La UFI de Homicidios de La Matanza, encargada de esclarecer el triple crimen narco de Florencio Varela, recibió un dato crucial para su investigación: los apodos delos dos supuestos capos que ordenaron desde Perú los homicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
La información, llegó en los últimos días, desde ese país, mediante un canal extraoficial producto de un diálogo directo entre los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli con la Policía nacional peruana, que activó sus redes de inteligencia en la zona de Trujillo, desde donde se habría ordenado el triple crimen y de donde proviene la familia de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, acusado de ser un gerente de dealers de la banda que cometió los asesinatos el 20 de septiembre pasado en la casa de la calle Chañar en Villa Vaettone. Miguel Villanueva Silva, otro de los detenidos por el caso, también nació en Trujillo.
El aporte de la Policía peruana, en coordinación con el área argentina de Interpol de la PFA y la Policía Bonaerense, fue de alto valor: permitió encontrar y capturar este mes en Lima a “Pequeño J” y a su ladero, Matias Ozorio, mientras se encontraban en plena fuga.
De cara a estos datos, los fiscales buscan una coincidencia entre estos apodos y los contenidos de las pericias a los teléfonos de los imputados, que todavía continúan en curso. Así, se refuerza la hipótesis de que el triple crimen no fue ordenado por los imputados locales, una idea alimentada por testimonios de arrepentidos en el expediente como Celeste Magalí González Guerrero, que apuntó a un “abuelo” y un “papá”, los máximos responsables del negocio narco de la banda, que operarían fuera del territorio argentino.
Las pericias a los teléfonos, por lo pronto, contienen pruebas de los vínculos entre los acusados, con toques macabros:al menos dos de los imputados se enviaron fotos de picos y palas en las horas previas al encuentro en Florencio Varela.
Mientras tanto, Alex Ydone Castillo, Manuel Valverde y David González Mamani, acusados de integrar el nivel medio de la banda, siguen prófugos de la Justicia con alertas rojas de Interpol en su contra por el triple femicidio, agravado por premeditación, alevosía y ensañamiento, una calificación que implica una pena de prisión perpetua si es que son considerados culpables.
En 2020, Ydone Castillo ya había sido detenido en Buenos Aires por otra circular roja, esta vez emitida desde Perú, que lo buscaba por un movimiento de 51 kilos de cocaína. Infobae descubrió, en base a documentos judiciales, que fue liberado con la excusa de la pandemia del coronavirus.
El hallazgo de los apodos de los supuestos jefes de la organización coincide con otro movimiento de máxima importancia en el caso: la firma de la prisión preventiva de los nueve detenidos y el pase de la causa al fuero federal de Morón, para que investigue la estructura de narcotráfico superior ligada al expediente.
La firma de esta decisión, aseguran altas fuentes del expediente, ocurriría a mediados de esta semana, con un maratónico documento de cientos de páginas donde los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza darían por esclarecido el homicidio, con una responsabilidad superior en las líneas de mando de los asesinos y una pista internacional que sería competencia del fuero federal.
“Pequeño J”, mientras tanto, todavía espera su extradición en un penal peruano.
