El PAMI, la obra social de los jubilados, adhirió formalmente este lunes al llamado Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), un programa extrajudicial lanzado por el Ministerio de Salud a mitad de año, con el que el Gobierno busca bajar el número de amparos judiciales por denuncias de incumplimiento de parte de los prestadores de salud.
Aunque el PROMESA fue lanzado hace cinco meses y afecta a todos los agentes del seguro de salud (esto es, las obras sociales y prepagas), la adhesión del PAMI exigía una resolución separada (justamente la 1861/2025, publicada este lunes), dado que el Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados (INSSJP, alias PAMI) es un organismo descentralizado.
Una pregunta lógica es si a partir de ahora cambiará en algo la forma de reclamo de los jubilados del PAMI. Y, por otro lado, ¿cuántos reclamos por temas de salud realizan los adultos mayores a esa obra social? Antes de contestar lo primero, hay que decir que no hay estadísticas públicas confiables que den cuenta de la cantidad de litigios mensuales o anuales relacionados con temas de salud que involucren a jubilados. Sin embargo, nadie duda que son muchísimos.
Por un lado, porque el PAMI es la mayor obra social del país (con casi 5,7 millones de afiliados, entre jubilados y pensionados), de modo que si los litigios de salud son, en sí, un tema de preocupación enorme para las altas esferas del poder político-judicial, no caben dudas de que, proporcionalmente, el PAMI pesa (y mucho) en esa ecuación.
Pero, además, el propio decreto del Poder Ejecutivo que creó el PROMESA (379/2025) en junio, justificó su pertinencia aclarando que “en los últimos años se ha evidenciado un aumento significativo de litigios judiciales vinculados al ámbito sanitario entre los usuarios del sistema de salud y las entidades responsables de brindar las prestaciones médico-asistenciales».
Hace tiempo que los prestadores de salud (y ahora toma esa bandera la gestión actual) vienen enfatizando su preocupación por la cantidad de medidas cautelares de parte de jueces que (a veces saben, pero muchas veces, no) deben evaluar los problemas con los que lidia el paciente de turno en el complejo mundo sanitario argentino, y que (para decirlo de modo informal) “por las dudas” o por el apuro considerando el perjuicio de salud que se podría generar en el demandante, resuelven, sin dudarlo, en favor del paciente.
Concientes de esa problemática, hace algunos días, el Ministerio de Salud difundió con optimismo la resolución del primer conflicto destrabado en el entorno del PROMESA. Es decir, el caso de un paciente que arregló con el prestador sin haber llegado a una judicialización. En un comunicado oficial, el propio ministro Mario Lugones destacó que “las partes alcanzaron un acuerdo en sólo cuatro días” y que esa conciliación permitió que el paciente continuara con su tratamiento médico.
¿Será así de beneficioso el mecanismo para los jubilados que tengan conflictos con el PAMI, sea por medicamentos, pañales, tratamientos médicos, estadías en geriátricos o en instituciones de salud mental, cuya cobertura se interrumpa, dilate o directamente niegue?
Clarín habló con tres abogados expertos en temas de salud. Uno de ellos es Eugenio Semino, defensor porteño de la Tercera Edad, que en la práctica y a falta de una defensoría semejante a nivel nacional representa a jubilados de todo el país.
Semino destacó que el PROMESA puede tener su costado virtuoso a la hora de ahorrar tiempos y recursos, aunque opinó que es un «disparate institucional». Dijo que el programa nació como un parche de un problema irresuelto, que es la «desmesurada» cantidad de amparos judiciales por temas de salud que llegan al sistema judicial. A la vez, continuó, esa cantidad abultada de amparos se originan en otro problema no resuelto, que son las coberturas deficientes desde los propios prestadores de salud, PAMI incluido.
“El amparo es para cuando la persona está en una situación de vida o muerte, para situaciones excepcionales”, apuntó, y se mostró muy crítico con lo que llamó “industria del amparo”, que además está “alentada por el propio el Estado”, ya que es el primero en incumplir.
“Hay estudios que trabajan de eso. Hay prestadores que le mandan a la persona que tiene el problema directamente al estudio tal para que haga el amparo. El Estado es el primer responsable porque no da la prestación. Y, aun si tuviera los recursos para darla, el paciente por alguna razón muchas veces no accede”, apuntó.
