En una nueva jornada de protesta, profesionales, transportistas y familias vinculadas a la atención de personas con discapacidad se movilizaron este miércoles a Plaza Independencia, para reclamar la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada pero suspendida por decreto.
“La ley ya fue sancionada, pero se la suspendió en el mismo decreto. Las instituciones, los profesionales y los transportistas no podemos seguir esperando que se asignen los fondos. Esto ya no es un reclamo sectorial, es una cuestión de subsistencia”, explicó Josefina Bidegorry, presidenta de la Cámara de Instituciones Terapéuticas Educativas de Discapacidad de Tucumán (CITED).
El sector realiza un cese voluntario de actividades desde el martes y advirtió que, si no hay respuestas desde Nación, podrían volver a manifestarse la próxima semana. “Queremos que el directorio se reúna, que se asignen las partidas ya designadas para discapacidad. La idea no es parar, pero no tenemos alternativas”, agregó Bidegorry.
Por su parte, Cristina Maino, referente de la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad (CITEC), alertó sobre un escenario crítico para fin de año: “Peligra el cierre de muchas instituciones hacia diciembre. Y lo que nos preguntamos es qué va a pasar con las personas con discapacidad, porque ni el sistema de salud ni el de educación pública pueden absorberlas, ni tampoco al personal que quedaría sin trabajo”.
Ambas dirigentas coincidieron en que el colectivo de la discapacidad “no puede seguir siendo invisibilizado” y llamaron a la dirigencia política a intervenir de manera urgente. “Defender los derechos de las personas con discapacidad es protegernos a todos. Hoy alguien puede no tener un familiar con discapacidad, pero mañana puede tocarle a cualquiera: con un nacimiento, un accidente o una enfermedad”, expresó Maino.
