El cacique Pedro Chávez, de la Comunidad Indio Colalao, encabezó una manifestación en la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán junto a delegados de las bases Rearte, Montebello y Piedra Sagrada, para denunciar el hostigamiento policial, los desmontes ilegales y la falta de respuesta judicial ante las denuncias por usurpación de tierras.
Acompañado por miembros del consejo comunitario, Chávez cuestionó duramente el accionar del Poder Judicial. “Necesitamos sacar a un fiscal que archiva todas nuestras denuncias. Siempre que llegan a tribunales, las terminan cerrando. ¿A quién protege la justicia, al más débil o al más poderoso?”, planteó.
El referente indígena aseguró que existen negocios y vínculos personales detrás del archivo de causas, y advirtió que dentro del territorio comunitario “la policía cumple servicio permanente, no para protegernos, sino para controlar y hostigar a nuestra gente”.
Desde el consejo, Marina Mamaní exigió que las causas vinculadas a comunidades originarias sean tratadas en el fuero civil y no penal. “Nos acusan de golpeadores, de matones, y nos hacen entrar por la parte penal, cuando el territorio es una cuestión civil. Nos están desalojando sin respetar a personas discapacitadas, a chicos con síndrome de Down, a abuelos. Primero nos sacan y después investigan”, denunció.
En el mismo sentido, Lucrecia Robles, comunera de la base Rearte, relató los abusos sufridos por familias indígenas en la zona. “Vivimos del trabajo de la tierra, sembramos pastura, criamos animales, pero no nos dejan vivir tranquilos. Nos matan los animales, nos cierran el acceso al agua, trajeron gente armada que nos amenaza, y la policía hace guardia fija en el portón. Hasta una tentativa de violación sufrimos”, sostuvo, y alertó que los desmontes para cultivo de tabaco y soja “destruyeron árboles nativos de cientos de años y contaminaron el agua que usamos para consumo”.
Por su parte, Carlos Huánuco, de la base Montebello, denunció que se están loteando y sorteando terrenos dentro de la comunidad, con intervención policial para impedir el ingreso de los comuneros. “Estamos impedidos de acceder a nuestras tierras. Esta persona, Daniel Pélix Serrano, está sorteando terrenos que pertenecen a nuestra comunidad. Nosotros vivimos ahí desde siempre, pero la justicia no nos escucha”, explicó.
Chávez también recordó la antigüedad histórica del territorio y reclamó el cumplimiento de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y Provincial. “Estas tierras fueron compradas por nuestros antepasados en tiempos de España y de la Argentina. Hoy nos las vuelven a quitar. Estamos antes que ustedes, también somos ciudadanos argentinos. Solo pedimos que se respeten los artículos 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y 149 de la Constitución Provincial. La justicia tiene que hacer justicia”, expresó.
El cacique advirtió sobre la gravedad del conflicto y pidió que se intervenga antes de que haya víctimas. “No queremos que después digan ‘pobrecitos los de la comunidad’. Tienen que ayudarnos ahora, antes de que haya un muerto. Ya tenemos amenazas, golpes y hostigamiento todos los días. No queremos más violencia”, concluyó.
