A cargo por más de medio siglo de la empresa que su abuelo había fundado en 1907, Enrique Menotti Pescarmona fue uno de los empresarios más poderosos del país, pionero en la oferta de soluciones energéticas y metalúrgicas a gran escala para la industria del petróleo y la construcción, en su Mendoza natal y en suelos remotos desde Brasil y Venezuela hasta Malasia.
Eran tiempos de copiosos contratos de obra pública e ingresos formidables, Sin embargo, una concatenación de yerros comerciales y apuestas fallidas dejó a su emporio contra las cuerdas, primero disminuyó a sólo un tercio la participación accionaria en el grupo empresario familiar y el año pasado se redujo a cero. En el medio, un escándalo oscureció la historia de negocios del grupo IMPSA: la investigación del periodista Diego Cabot sobre los cuadernos de las coimas que había redactado el chofer Oscar Centeno.
Pescarmona era uno de los casi setenta empresarios contratistas de obra pública y proveedores del Estado cuyos periódicos pagos indebidos a funcionarios kirchneristas habían quedado registrados en los cuadernos: a fines de agosto de 2018, se convirtió en arrepentido después que el juez Claudio Bonadio dispusiera la detención de Rodolfo Valenti, uno de los gerentes de la compañía y hombre de confianza del mendocino. En su declaración judicial, admitió que su empresa le pagó al Ministerio de Planificación Federal 2,98 millones de dólares en sobornos.
Desde entonces, como el resto de los acusados, hizo lo imposible por revertir aquella acusación sin ser imputado por falso testimonio. Fallados todos los intentos por evitar que el juicio oral comience, los abogados de Pescarmona acudieron a una medida extrema: probar que el empresario no está en condiciones mentales de comprender la acusación en su contra y que por eso no podía ser juzgado.
De 83 años, desde 2023 Enrique Pescarmona viene siendo sometido a distintos estudios y análisis médicos y psiquiátricos para establecer si el avance de la enfermedad de Alzheimer que sufre es tal que le impide ser juzgado.
Mientras intentaba evitar el banquillo de los acusados pagando una «reparación integral» de dinero, como buscaron muchos otros empresarios, silenciosamente los especialistas fueron sumando estudios por si aquel intento también fracasaba, como efectivamente ocurrió por la tajante negativa de la fiscal Fabiana León.
Apostar a la decadencia mental de Pescarmona para rescatarlo de una segura condena por corrupción -los arrepentidos ya son culpables de antemano, al final del proceso se establece qué beneficio se les otorgará por su colaboración- era el último vidrio de emergencia que la familia del empresario buscaba evitar. Pero no pudo.
El equipo de abogados que comanda Marcelo Nardi acudió al prestigioso psiquiatra y perito forense Rafael Herrera Milano, para poner en sus manos aquellos estudios y conclusiones de distintos médicos según las cuales el fundador de IMPSA no podría ser juzgado.
Herrera Milano recogió y sintetizó esos trabajos, se entrevistó de manera remota con Pescarmona y redactó las conclusiones que fueron claves para que el empresario no estuviera este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7. El perito refirió que Pescarmona «se encontraba parcialmente desorientado, con un juicio debilitado, sin capacidad de abstracción ni conciencia de enfermedad, con trastornos del lenguaje, empobrecimiento semántico, parafasias y discurso desorganizado».
Además, detectó «compromiso de las funciones ejecutivas, con incapacidad para planificar, anticipar o valorar consecuencias; un juicio de realidad alterado, con deterioro en la valoración moral y normativa de las situaciones«. «Desde el punto de vista psicopatológico, estas manifestaciones son propias de un síndrome demencial cortical progresivo, de curso irreversible y pronóstico reservado, que afecta globalmente las capacidades cognitivas, volitivas y afectivas requeridas para sostener un proceso judicial.»
«La doctrina médico-legal sostiene que la capacidad para estar en juicio requiere la aptitud psicofísica para comprender la acusación, comunicarse con el defensor, recordar los hechos y participar activamente en el debate. Dicha capacidad debe evaluarse en el aquí y ahora, no en relación con el momento del hecho imputado. La incapacidad sobreviniente debe invocarse cuando el imputado presenta alteraciones afectivas, volitivas y cognitivas que imposibilitan la comprensión y la comunicación, o cuando la exposición al proceso puede agravar su cuadro clínico o representar riesgo vital», describe Herrera Milano.
«En el caso del señor Pescarmona, la demencia tipo Alzheimer implica un deterioro cognitivo irreversible, que anula las funciones mentales necesarias para: comprender la naturaleza y consecuencias del proceso judicial, asistir a audiencias o declarar con coherencia, ejercer razonablemente su defensa, mantener comunicación eficaz con sus letrados, tomar decisiones fundadas o valorar pruebas en su contra. Estos déficits configuran una incapacidad psicofísica plena para estar en juicio«.
El terminante «informe médico legal y psiquiátrico-forense» ingresó al TOF 7 dos días antes del examen mental obligatorio que como en todos los procesos el tribunal ordenó para establecer la aptitud de todos los acusados, con la intención de que esa evaluación pase a manos del cuerpo médico forense para establecer la magnitud de la patología que se está intentando demostrar.
Ese análisis oficial se practicó sobre Pescarmona el lunes pasado a las 12, en el décimo piso de la sede que el Cuerpo Médico Forense tiene en la calle Lavalle 1429. La encargada fue la médica forense Soledad Puppo, quien corroboró la veracidad de las conclusiones de su colega Herrera Milano pero pidió tiempo para redactar su propio informe.
Pero a sólo horas del inicio del juicio, el Tribunal y la defensa le pidieron que adelantara sus conclusiones para saber cómo actuar respecto del empresario acusado en el caso Cuadernos. Entonces el miércoles 5, en la víspera del juicio, la doctora Puppo envió una breve nota que se incorporó al expediente: «el examinado padece un trastorno cognitivo moderado a grave, sin poder precisar la categoría médica exacta que padece luego de un único examen», pero «adelanto que el encartado no se encuentra apto para afrontar un juicio oral».
Por eso, en principio se lo exime de acudir a las audiencias del 6, 13 y 20 de noviembre, para cuando se supone que estará listo el informe final de la doctora Puppo. Entonces sólo llegará la puntada final de la salida de Pescarmona del caso, que luego deberá ser refrendada por los integrantes del TOF 7.
