En una investigación por estafa millonaria, una mujer fue acusada por la Justicia de Neuquén de haberle utilizado la tarjeta de crédito a su expareja para realizar al menos 25 compras por Mercado Libre y gastarle, sin permiso, alrededor de 3 millones de pesos. Hasta el momento, la víctima solo pudo recuperar el dinero de dos de las adquisiciones.

Luego de una relación de alrededor de dos años, “F.S.K.” y “E.J.M.M.” se separaron en febrero de 2024, informó el medio local LM Neuquén. Dos meses después, el denunciante notó que en su tarjeta de crédito aparecía una serie consumos online realizados a través de Mercado Libre que él no había hecho.
El hombre se puso en contacto con uno de los comercios y le informaron que la compra había sido hecha desde el usuario de su expareja y que la dirección en la que debía entregarse lo adquirido era el domicilio en el que ella residía en ese momento. Fue así que la víctima hizo efectiva la correspondiente denuncia por estafa.
A mediados de esta semana, la mujer fue acusada formalmente por el Ministerio Público Fiscal de esa provincia patagónica tras realizar las averiguaciones al respecto. Según la acusación, a cargo del asistente letrado de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Facundo Bernat, el 29 de abril pasado, entre las 11 y las 18.30, la mujer realizó la compra de indumentaria y accesorios.
La investigación determinó que la imputada, en apenas ocho horas, llevó a cabo 34 operaciones por un total de casi 5 millones de pesos. Sin embargo, solo 25 de ellas —por un total de 2,6 millones de pesos— se efectivizaron. El titular de la tarjeta de crédito había intentado desconocer todas las compras ante la entidad bancaria que emitió el plástico, pero desestimaron su denuncia porque las transacciones no habían sido presenciales y se habían concretado con la validación del código de seguridad.
Debido a estas pruebas, la Justicia acusó a la mujer como autora del delito de defraudación especial por el uso no autorizado de los datos de una tarjeta de crédito ajena. Tras escuchar a las partes durante la audiencia, el juez interviniente, Marco Lupica Cristo, determinó que la investigación penal preparatoria se desarrollará por un plazo de cuatro meses.
