La consecutiva aparición pública de Alberto Fernández -con una rocambolesca entrevista en el streaming Blender- y este sábado de Fabiola Yañez en el programa de Mirtha Legrand, no son más que la erupción visible de un volcán político que viene cocinándose al menos desde el verano y que tiene en el centro de la escena a los históricos operadores judiciales porteños Juan Manuel Olmos -kirchnerista- y Daniel Angelici -radical PRO- con un objetivo ambicioso: voltear el gravísimo expediente por violencia de género en el que expresidente tiene procesamiento confirmado y a punto de ser elevado juicio.
La trama es densa, y empezó a tejerse en enero, cuando la fiscal porteña Celsa Ramírez -cercana a la nutrida escudería judicial porteña que comanda Angelici- comenzó a investigar supuestas amenazas de Fabiola a Alberto Fernández. Casi de inmediato, el juez de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, Christian Brandoni Nonell le prohibió a Fabiola comunicarse con su expareja, quien la había denunciado en su juzgado por «hostigamiento», y quería que regresase a Buenos Aires. Esa primera jugada fue clave para horadar una piedra dura: atraer el caso federal por violencia de género al más que amigable ámbito porteño.
El siguiente paso, el 23 de enero y en medio de la feria judicial, lo dio la Asesora Tutelar Paula Vaca -de excelente diálogo con el peronista Juan Manuel Olmos-, quien empezó a exigir el contacto del niño Francisco -que vivía en Madrid junto a Fabiola- con su padre, pese a que no tenía ningún impedimento en ir a visitarlo.
Mientras ese guiso se cocinaba, la exprimera dama de la Argentina también era seducida por promesas y asustada con fantasmas. Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro, los abogados que la representaron en Comodoro Py, bajo cuya labor Fernández fue procesado por lesiones leves -golpes en dos ocasiones- y graves agravadas, en los dos casos, por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, y por amenazas coactivas renunciaron cansados de sus sinuosos comportamientos frente al caso. En la mesa de Mirtha, Fabiola dijo que ella prescindió de sus servicios porque «no se sintió cuidada» pues «hablaron con Fernández». Extraño.
Al mismo tiempo, las pinzas de Fernández también operaban en Comodoro Py, donde dos fuentes mencionaron a otro actor en las sombras: el ex fiscal e influyente abogado Maximiliano Rusconi, también cercano a Olmos.
El 6 de octubre, luego de una discreta audiencia, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento de Alberto Fernández pero apartó al magistrado que tiene el caso, Julián Ercolini. La Sala II del tribunal, con el voto de los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, aceptó el pedido del expresidente, quien argumentó que había sido amigo de Ercolini pero ahora eran enemigos. Se sorteó un nuevo juez: Daniel Rafecas.
El 18 de octubre, y aunque había sido expresamente validado por la Casación, Fernández pidió a Rafecas que anule todo lo que hizo Ercolini. El juez, que tiene un vínculo personal con el expresidente -quien incluso lo propuso como candidato a Procurador General de la Nación- debe esperar a ser confirmado para responder, aunque es llamativo que no haya rechazado el sorteo.
Cuando la pelota estaba por cruzar la línea, y antes de renunciar a su trabajo, los abogados Gallego y D’Alessandro presentaron un recurso extraordinario ante la Corta para exigir que Ercolini permanezca en su puesto y dé la última puntada al caso por violencia de genero: la elevación a juicio oral, tal como ya pidió el fiscal Ramiro González en una copiosa resolución en agosto pasado.
Es decir que los tiempos para que Alberto Fernández y sus operadores judiciales completaran su telaraña se agotaban.
