Todavía el escándalo generado por el caso de El Cadillal no se apagó. La investigación avanza. No deja de conmover el hecho que un jefe regional haya utilizado a presos condenados para que realicen trabajos de albañilería en una casa que le pertenece. Además, para mayor agravante también llevó a policías para colaborar con los presos.
Ahora se investiga otro caso de corrupción policial. La fuerza de seguridad se ve sacudida nuevamente.
Esta mañana, a través de la Unidad Fiscal de Investigación en Delitos Complejos (UFI), el Ministerio Fiscal (MPF) concretó diez allanamientos simultáneos en los domicilios de varios jefes de comisarías. Durante los procedimientos, las autoridades secuestraron armas, teléfonos celulares y otros materiales de almacenamiento electrónico de interés para la causa, según informó la UFI. Estos elementos serán cruciales para avanzar en la investigación y corroborar las acusaciones de corrupción dentro de la fuerza.
Todo comenzó a partir de una denuncia por el presunto pedido de coimas. Se trata es de determinar si funcionarios policiales pedían coimas. La causa está a cargo de la fiscal Marina Rivadeneira.
Los sospechados son jefes de comisarías quienes están en una posición de poder por las facultades que tienen y la autonomía con la que se desempeñan.
Para no dejar lugar a dudas sobre la validez de las pruebas recolectadas en los domicilios particulares, intervino la fiscal Rivadeneira y la secretaria adversarial, Brenda Deroy. Contó con la participación de la UFI y especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
