La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones del Congreso elevó el tono de sus reclamos al Gobierno y advirtió sobre dos vacíos centrales en los procesos de transformación que impulsa el Poder Ejecutivo en áreas sensibles como las empresas viales, ferroviarias y las centrales nucleares.
Los legisladores señalaron que no está claro quiénes serán las autoridades reguladoras de los nuevos concesionarios y denunciaron irregularidades en las tasaciones, luego de que el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) se autoexcluyera de algunos procesos en los que, por ley, debe intervenir.
El presidente de la Comisión Bicameral, Juan Carlos Romero (Cambio Federal), abrió la reunión con un diagnóstico común entre los miembros: los informes enviados por las empresas del Estado como Nucleoeléctrica, Corredores Viales, Belgrano Cargas, Intercargo y Aysa “no alcanzan para determinar el alcance real de las modificaciones” y requieren ampliación.
A su vez la vicepresidenta de la comisión, Ana María Ianni (Unión por la Patria), planteó que “las respuestas no son suficientes para el trabajo de información que debemos brindar” y propuso formalizar un nuevo pedido de informes al ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que comanda Federico Sturzenegger.
Romero sumó un planteo de fondo: en sectores donde habrá nuevos operadores -como corredores viales y el sistema ferroviario- el Gobierno aún no precisó qué autoridad controlará las autorizaciones. “No está claro quiénes van a ser las autoridades reguladoras. No puede ser el concesionario el que decida el acceso de los operadores, porque no van a querer competidores”, sostuvo. Señaló que en materia aeronáutica el ORSNA cumple ese rol, pero que en los esquemas viales y ferroviarios “no está claro” quien va a ejercer ese trabajo.
La diputada Florencia Carignano (UP) planteó otra preocupación crítica: la decisión del Tribunal de Tasación de apartarse de algunas valuaciones, entre ellas las vinculadas a activos estratégicos como las centrales nucleares. Según señaló, esa función se delegó a un banco. “Son maniobras turbias para dejar el precio mínimo de tres centrales nucleares”, dijo.
Romero coincidió y consideró “grave” que el organismo haya decidido no intervenir en ciertos procesos: “No sé si está facultado a autoexcluirse. No se pueden excusar de cumplir una obligación. Siempre que alguien quiere comprar quiere hacerlo barato; debemos evitarlo para cuidar el patrimonio del Estado”.
La comisión también resolvió ampliar el mapa de empresas a monitorear. Además de las firmas incluidas en la Ley Bases -Aysa, Belgrano Cargas, Sofse, Enarsa, Intercago y Corredores Viales-, Romero propuso requerir información sobre Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, RTA, Fadea, Casa de la Moneda, Agencia General de Puertos, Banco Nación, BICE, Ymad, Corporación Puerto Madero y otros organismos y sociedades estatales que, según indicó, “están siendo transformadas, fusionadas o reorganizadas” sin que el Congreso conozca el criterio que guía esa intervención.
La ausencia de funcionarios del ministerio tensó el clima. “Lo ideal hubiera sido que algún funcionario pudiera venir a informarnos”, señaló Ianni en alusión a la cartera que dirige Sturzenegger. Estas citaciones podrían cursarse si el Poder Ejecutivo evita dar precisiones.
Romero anticipó que, si las respuestas no llegan en un plazo razonable, la bicameral avanzará con un dictamen propio: “Si bien no es vinculante, tiene importancia. Si está correctamente fundado, nuestra opinión tiene peso”.
Pero hay otro vacío institucional: la Auditoría General de la Nación (AGN) -organismo encargado de evaluar legal y financieramente cómo se dio cada privatización- está prácticamente inactiva. Desde abril, carece de integrantes: seis de sus siete auditores tienen el mandato vencido. El Congreso aún no logró acordar los nuevos nombramientos, y la parálisis mantiene decenas de auditorías frenadas.
La AGN tiene un doble rol en el proceso. Por un lado, el control posterior de cada operación. Por otro, una función de colaboración permanente con la Comisión Bicameral mientras las privatizaciones están en marcha.
Hasta ahora, la única operación cerrada fue la venta de Impsa, la metalúrgica mendocina estatizada en 2021. El grupo estadounidense Arc Energy adquirió el 85% del paquete accionario por US$27 millones y asumió una deuda de US$576 millones.
