Categorías
Noticias Sociedad

Bajó el porcentaje de extranjeros presos en cárceles federales

Apesar del aumento de los llamados delitos transnacionales, especialmente, el contrabando de estupefacientes y el tráfico de personas, el número de extranjeros que termina en cárceles federales argentinas es el más bajo en diez años. De los 12.062 con los que cerró los registros del Servicio Penitenciario Federal en 2025, 1935 −el 16% del total− son ciudadanos de otros países; el 70%, de Bolivia, Paraguay y Perú.

Así surge de último informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), «Población extranjera privada de libertad en cárceles del SPF“, elaborado por la procuraduría especializada que monitorea las condiciones de alojamiento de personas en conflicto con la ley penal en el ámbito de los establecimientos federales de encierro.

Según informó la Procuración General de la Nación en su sitio web www.fiscales.gob.ar, el reporte ofrece información descriptiva cuantitativa y un análisis cualitativo resultante de entrevistas realizadas en el primer semestre del 2025 en el marco de inspecciones realizadas por la Procuvin, y complementa un informe similar elaborado en 2023.

“El análisis de la evolución interanual de la población extranjera privada de libertad refleja una tendencia que, en general, acompaña la de la población de nacionalidad argentina. No obstante, durante los últimos dos años se observa un incremento en el total de personas detenidas en el ámbito del SPF, alcanzando en 2025 el valor más alto de la última década, tendencia creciente que no se replica en el caso de la población extranjera, que presenta una disminución sostenida desde el pico registrado en 2018”, revela el informe de la Procuvin.

De la comparativa de datos interanuales surge una tendencia descendente sostenida a partir de 2017, cuando se produjo el registro porcentual más alto en cuanto a la población extranjera en el ámbito penitenciario federal: más de un cuarto de los presos a cargo del SPF eran extranjeros.

La evolución fue la siguiente:

  • 2016: 2106 detenidos (23,76%)
  • 2017: 2429 detenidos (25,75%)
  • 2018: 2700 detenidos (25,33%)
  • 2019: 2618 detenidos (23,24%)
  • 2020: 1962 detenidos (20,64%)
  • 2021: 1818 detenidos (19,14%)
  • 2022: 1951 detenidos (20,76%)
  • 2023: 1904 detenidos (19,84%)
  • 2024: 1884 detenidos (16,11%)
  • 2025: 1935 detenidos (16,04%)

Del registro surgen dos particularidades: aunque en términos porcentuales 2017 fue el año con mayor incidencia de extranjeros en la tasa de detención, el año siguiente fue el que tuvo el número neto más alto de reclusos no argentinos en penales federales.

En la misma línea de análisis, si bien 2025 fue el año con el menor porcentaje de extranjeros privados de la libertad en cárceles argentinas, fue 2021 el año en el que menos sumaron.

Nacionalidades

El reporte de la Procuvin publicado por www.fiscales.gob.ar señala que siete de cada diez presos extranjeros nacieron en Paraguay, Perú y Bolivia, con similares proporciones entre sí. Así está conformado este ránking.

  • Paraguay (466)
  • Perú (431)
  • Bolivia (423)
  • Colombia (136)
  • Chile (133)
  • Uruguay (77)
  • República Dominicana (69)
  • Venezuela (60)
  • Brasil (42)
  • China (26)
  • México (15)
  • España (6)

Había, al 31 de diciembre de 2025, presos de otras 51 nacionalidades, con 116 casos de personas que provienen de naciones en las que el castellano no es la lengua oficial.

El 61% de los reclusos extranjeros (1181) estaban alojados en establecimientos del SPF situados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Más de la mitad (56,4%) cumplía sentencia, en tanto que el 43,6% restante está con prisión preventiva. El 51,5% se encuentra a disposición de la Justicia nacional (que tiene jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires por delitos como robo, abuso sexual y homicidios, entre otros relacionados con la inseguridad urbana), mientras que el 46,1% está encausado en la Justicia federal, por delitos vinculados con el narcotráfico y lavado de activos, la trata de personas y el contrabando.

El 2,4% de los extranjeros alojados en cárceles federales están a disposición de jueces provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que aún no cuenta con servicio penitenciario propio.

El 98,2% son personas mayores de 21 años, y el 1,8% restante tiene entre 18 y 21 años. Casi nueve de cada diez (1752 internos) son hombres.

Las 172 mujeres detenidas representaban el 8,9% del total de extranjeros recluidos en cárceles del SPF. Es una proporción ligeramente mayor que la de las presas argentinas, que representan el 7,6% del total. Había, además, 11 personas trans no argentinas privadas de su libertad.

Los funcionarios de la Procuvin realizaron también un análisis cualitativo de la situación y condiciones de detención de los extranjeros privados de la libertad en la Argentina. Para eso realizaron, en el contexto del último reporte, 39 entrevistas en el Complejo Penitenciario Federal (CPF) de CABA (Devoto), las Unidades 8 y 22 de Jujuy y la Unidad 10 de Formosa. Le sumaron el compendio de diez entrevistas a mujeres extranjeras recluidas en el CPF III de Salta.

Encontraron diferencias, por ejemplo, entre los extranjeros residentes y los no residentes en el momento de su detención. De estos últimos, 10 de 16 no habían recibido ninguna visita en el penal, lo que aparecía vinculado con el alto costo económico y la dificultad logística para concretar los viajes de familiares.

Esto tenía impacto directo en el sostenimiento de los lazos familiares en función de la condición de residencia: 14 de los 39 varones entrevistados nunca habían recibido una visita en el penal.

Seis de cada 10 entrevistados no habían tenido ninguna comunicación con representantes de los consulados de sus países, a pesar de que el de la asistencia consular es un derecho asegurado.

En la misma proporción, casi el 60% de los detenidos proveían el principal o la única fuente de ingreso de sus núcleos familiares.

En el caso de las mujeres detenidas en Salta, refirieron que enfrentan situaciones de desarraigo no solo por no poder recibir visitas, sino por no poder mantener el vínculo con sus hijos y con aquellos familiares que debieron pasar a ejercer la tutela.