Un bebé fue salvado gracias a la intervención de un juez que permitió que reciba la asistencia médica, pese a que sus padres rechazaban la operación por creencias religiosas. El hecho, que ocurrió en San Martín de los Andes, abrió la polémica acerca de las convicciones y el enfrentamiento con la vida real.
El bebe nació con una obstrucción intestinal y necesitaba una transfusión de sangre de manera urgente. Los padres pertenecientes a los Testigos de Jehová, se oponen a la posible operación durante la intervención, lo que generó un conflicto dentro del hospital Castro Rendón.
Frente a la complejidad que presentó el cuadro, el bebe tuvo que ser trasladado de urgencia desde el Hospital de San Martín de los Andes al de Rendon. A contrarreloj, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes priorizo la vida del recién nacido y autorizo a los profesionales a concretar la cirugía.
En un lapso de cinco horas se debatió entre la vida y la muerte del menor. Ese fue el tiempo que tardó Laura Lucero en autorizar la cirugía, aunque los padres mantenían la negativa.
La doctora explicó que se realizó una medida autosatisfactiva, una herramienta judicial para casos muy urgentes en casos donde la vida o la salud están en peligro. El objetivo era que se «autorizara la intervención quirúrgica» y que fundamentalmente, se habilitara la «transfusión de sangre», en caso de ser necesario.
El juez Luciano Zani dio curso al pedido de la Defensoría y en el dictamen explicó los alcances que tienen la responsabilidad parental. «En Argentina, los padres tienen el derecho y el deber de decidir sobre la salud de sus hijos menores de edad, pero dicho derecho no es absoluto«.
«Cuando las decisiones de los progenitores, amparadas en creencias religiosas o estilos de vida, restringen el acceso del niño a cuidados médicos esenciales, el Estado tiene la obligación legal y moral de intervenir para restablecer los derechos afectados”, explicó en el fallo.
El juez además citó a la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional vigente: «El interés superior del niño debe guiar cada actuación judicial y administrativa», puntualizó. Y reiteró que «el derecho a la vida y a la salud son prioritarios». «No pueden ser condicionados por las creencias de los padres, cuando la situación del menor es crítica», insistió.
