La disputa territorial en Villa La Angostura volvió a encenderse luego de que un juez neuquino dispusiera el desalojo del camping ubicado sobre la costa del Lago Correntoso, ocupado por integrantes de la comunidad mapuche Paicil Antriao desde 2011. Sin embargo, lejos de acatar la resolución, los representantes de la comunidad aseguraron que permanecerán en el lugar y que están dispuestos a resistir cualquier intento de desalojo.
La medida fue dictada a fines de noviembre por el magistrado Francisco Astoul Bonorino, quien estableció un plazo de cinco días para que el predio sea restituido. La decisión reavivó un conflicto que lleva más de diez años en la zona y que involucra reclamos de ancestralidad, disputas administrativas y enfrentamientos políticos.
Tras conocerse la orden judicial, la comunidad difundió un comunicado en el que rechazó la restitución del camping y cuestionó duramente el fallo. Sostienen que la sentencia “desconoce derechos históricos” y beneficia a desarrolladores inmobiliarios ajenos a la región.
Damián Olivero, vocero del grupo, remarcó que el juez “no tuvo en cuenta el trabajo de relevamiento territorial” que, según indicó, lleva años sin completarse. En declaraciones radiales, también advirtió que temen un operativo policial inminente y recordó antecedentes de desalojos “muy violentos” en la villa turística.
El vínculo entre la comunidad Paicil Antriao y el predio del camping fue motivo de una extensa batalla judicial. Si bien durante el proceso se reconoció la presencia histórica de familias mapuche en la zona, la ocupación del espacio —que originalmente estaba bajo concesión municipal— derivó en un litigio que llegó incluso al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.
En 2024, el TSJ rechazó el planteo de ancestralidad presentado por la comunidad y confirmó que el predio debía ser devuelto al municipio. La administración local buscaba retomar el control del camping, explotarlo turísticamente o volver a concesionarlo, pero la comunidad se negó a retirarse mientras avanzaban nuevas presentaciones judiciales.
La resolución reciente deja sin efecto esas maniobras y ratifica la orden de desalojo.
Paicil Antriao no es ajena a las controversias en Villa La Angostura. El grupo protagonizó bloqueos a la obra de la ruta de Circunvalación —financiada por Nación— y mantuvo enfrentamientos públicos, entre ellos una disputa con el ex basquetbolista Manu Ginóbili por un terreno en el cerro Belvedere.
La tensión se amplifica con otros casos de la zona cordillerana. En Villa Mascardi, por ejemplo, la comunidad Lafken Winkul Mapu logró que se mantuviera en el predio desalojado una escultura sagrada, el rewe, lo que les permite regresar periódicamente para realizar ceremonias. Esa situación obliga al gobierno nacional a sostener un fuerte operativo de seguridad para evitar nuevas ocupaciones.
Mientras el plazo judicial avanza, crece la preocupación en Villa La Angostura por una posible intervención policial. La comunidad insiste en que no abandonará el camping y responsabiliza al gobernador Rolando Figueroa y al municipio por cualquier consecuencia derivada del desalojo.
El conflicto vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre tierras, ancestralidad y tensiones entre comunidades indígenas, gobiernos y desarrolladores privados en zonas de alto valor turístico de la Patagonia.
