Una guerra judicial estalló en Lomas de Zamora. Y tiene detrás una trama política, financiera y deportiva que desde hace meses sobrevuela a la AFA y al universo que rodea a Claudio “Chiqui” Tapia y a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, y cercano al jefe de la AFA. En este sentido, la fiscal federal Cecilia Incardona venía investigando a Sur Finanzas S.A por presuntas maniobras financieras irregulares. Sin embargo, ayer fue denunciada ante el la Procuración General de la Nación para que investiguen el accionar de Incardona.
La causa contra Vallejo se activó cuando ARCA presentó una nueva denuncia por presuntas operatorias sospechosas de Sur Finanzas. Allí aparece el nudo del conflicto. Según planteó el juez Federico Villena en un escrito al que tuvo acceso PERFIL Incardona no envió la denuncia a sorteo, la transformó primero en una investigación preliminar y recién después, bajo presión, la remitió para asignación de magistrado.
Desde ese momento, afirma Villena en el escrito, comenzó una secuencia de maniobras destinadas a sacarlo del expediente.
Según la presentación ante el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, Incardona intentó forzar una conexidad artificial con otra causa que tenía en el Juzgado 2, pese a que —alega el magistrado— “no existían elementos procesales que justificaran unificar las investigaciones”. Para Villena, el súbito interés de la fiscal por esa conexidad “contrasta con los cuatro meses de inactividad que tuvo el expediente original, donde recién se impulsaron medidas urgentes cuando la causa ARCA ingresó en su juzgado”.
En su planteo, Incardona sostiene lo contrario: que su actuación buscaba evitar el forum shopping (que alguien elija el juzgado) y ordenar que la causa fuera tratada por el juez que —según su criterio— ya conocía el mapa financiero del universo Sur Finanzas.
Pero Villena invierte ese argumento y en el escrito presentado ayer lo califica de “circular y falaz”. Y afirma que la fiscal reprocha haber sorteado una causa que debía, precisamente, sortearse. Más aún, denuncia que la fiscal presionó a la Oficina de Asignación de Causas de la Cámara Federal para que remitiera administrativamente el expediente al Juzgado 2, algo prohibido por normativa y lesivo del principio del juez natural.
El juez sostiene que, detrás de los tecnicismos procesales, hay una operatoria concreta: impedir que él tomara el control del caso que involucra a Sur Finanzas y a circuitos de dinero con impacto político. Apunta a “intereses no santos” y describe el comportamiento de la fiscal como una combinación de maniobra procesal, presión pública y descalificación personal. En su resolución reproduce frases de Incardona donde lo acusa de direccionar testigos, avasallar al Ministerio Público y actuar con arbitrariedad, señalando incluso la causa penal en su contra como parte del cuestionamiento institucional.
La escalada llegó a tal punto que Villena habla de “amedrentamiento” y de un intento de disciplinarlo para que sus resoluciones se alinearan a la estrategia de la fiscalía. Según su reconstrucción, Incardona duplicó medidas: mientras pedía pruebas en su juzgado, solicitaba allanamientos y medidas idénticas en el expediente Vallejo-AFA, con el objetivo —dice— de mostrar avances en aquel proceso y luego justificar la conexidad.
El trasfondo político de la disputa es innegable. El universo de la AFA, los vínculos empresariales de Vallejo, los movimientos financieros bajo la lupa y la puja de poder dentro de la justicia federal del Conurbano se cruzan en un terreno donde cada decisión afecta equilibrios más amplios que los estrictamente judiciales. Villena lo advierte sin eufemismos: permitir que una parte “elija” el juez de una causa con semejante impacto sería un precedente institucional explosivo.
Por eso, el magistrado decidió remitir actuaciones al Procurador General para que evalúe si la fiscal incurrió en “irregularidades administrativas o incluso en delitos de acción pública”.
La interna quedó expuesta. Lo que empezó como una investigación sobre flujos financieros asociados al mundo del fútbol derivó en un choque frontal dentro de la justicia federal. Y el desenlace todavía está lejos.
