A menos de un mes para que comiencen las vacaciones de verano, el Gobierno está apuntando la motosierra a uno de los lugares más glamorosos de la Argentina: Costa Esmeralda.
Construido a la vera del mar y a 18 kilómetros de Pinamar (pero dentro del Partido de La Costa), Costa Esmeralda es un complejo vip de 1.000 hectáreas de barrios privados, donde el valor de las casas (según los portales que ofrecen estas viviendas) va desde los US$ 170.000 hasta los US$ 3,5 millones. Pero en el complejo también hay varias que se alquilan. Para enero de este año, se ofrecieron casas a precios que van de US$ 4.000 a US$ 20.000 la quincena.
El complejo en sí está conformado por cerca de 4.000 lotes, con más de 2.000 casas, tres paradores de playa con sus respectivos servicios de gastronomía, además de contar con proveeduría, canchas de golf, club house, sectores deportivos con canchas de tenis, paddle y fútbol, gimnasios, servicios de confitería, canchas de polo y cerca de 70 paseos comerciales.
¿Por qué lo apunta el Gobierno?
La sospecha, según fuentes oficiales, está dada en las inconsistencias que presentan varios propietarios que figuran en la Dirección General Impositiva (DGI) como monotributistas y al mismo tiempo son dueños de 3 o más lotes.
A partir de las acciones desarrolladas por la DGI se determinó la identificación de quiénes son los titulares de los lotes y analizar su situación fiscal.
Considerando cerca de 60 titulares con 3 o más lotes y con un 40% de avance, se pueden anticipar los primeros resultados. De 25 casos bajo fiscalización, 17 casos presentan inconsistencias. Al mismo tiempo, 60% de dicho universo lo conforman monotributistas o sujetos no inscriptos en los gravámenes correspondientes.
En otras palabras, tales inconsistencias radican en que no hay relación coherente entre los ingresos declarados por los propietarios investigados y los lotes y casas que figuran a su nombre.
La administración del complejo Costa Esmeralda es realizada por la Asociación Civil Social y Deportiva Costa Esmeralda, en Mar de Ajó, Partido de la Costa, y su explotación es realizada por Fiduciaria de la Costa S.A. en la Ciudad de Buenos Aires. La Asociación se encuentra registrada como una entidad sin fines de lucro, cuyo objetivo es organizar, fomentar y gestionar las actividades sociales y deportivas del emprendimiento, como la administración de las cuentas del Consorcio (liquidación de expensas, gastos, etc).
Dicha Asociación también está bajo fiscalización. Cabe aclarar que es la que administra el complejo, no lo comercializa.
¿Por dónde comenzó la investigación el Gobierno? Precisamente por el padrón de expensas que recibe la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA). Ahí determinó que lo que pagan de Ganancias, en varios casos, los titulares de las casas de Costa Esmeralda tampoco coincide con el valor de las propiedades. Al mismo tiempo, en el Gobierno creen que las casas en Costa Esmeralda están construidas en terrenos que tienen una cesión de derecho dentro de un marco de fideicomiso y que ese esquema permite evitar al fisco.
La investigación está en marcha y la idea del Gobierno es seguir cruzando datos para tratar de ‘cazar’ evasores, o amedrentarlos, en todo caso.
La pulseada con Costa Esmeralda no es la única que tiene la DGI. Otro tema más polémico está centrado en exigir que las empresas a pesar de la suba de precios no puedan actualizar los balances por inflación.
En las empresas el tema no es menor. Algunas aseguran que tal situación las puede hacer quebrar directamente.
Pero más allá de la queja de los empresarios, el Ejecutivo comenzó a investigar a bancos, petroleras, la industria del juego y también a prepagas, billeteras virtuales y medios de pago. El objetivo es prioritario para la DGI de cara a 2026, ya que calcula que por diferencias en la presentación de quebrantos y en la valuación de títulos públicos, el Estado perdió cerca de $ 100.000 millones.
Este diario publicó que en el caso de los bancos la deuda prevista notificada es algo más de $ 28.360 millones. A esa cifra se suman notificaciones en curso por una cifra similar. En todos los casos, la DGI quiere que los bancos dejen de ajustar por inflación los quebrantos porque sostiene que no está contemplado en la ley.
Los bancos se defienden diciendo que no es lógico que se ajusten por inflación las ganancias y no se ajusten las pérdidas por igual motivo.
El mismo caso ocurre con la industria energética. En este sector el Gobierno ya logró que varias corrijan los números y que en los próximos balances paguen más Ganancias. El caso más emblemático es del YPF, con el mayor monto reclamado. Ya hubo acuerdo entre las partes. El acuerdo más lógico, dicen en el mercado.
La industria del juego es otro rubro que la DGI tiene apuntado. En este sentido, la deuda estimada y fiscalizada en curso llega a los $ 11.457 millones. Al mismo tiempo corre una cantidad similar de fiscalizaciones todavía no calculadas de forma precisa, pero en el Gobierno creen que la cifra rondará los $ 22.000 millones.
Por último, también está en la mira el sector de las prepagas y las empresas de pago y billeteras virtuales. En este caso, la cifra que el Gobierno reclama por ajustar las pérdidas por inflación supera los $ 10.000 millones.
Con respecto a los medios de pago, la investigación apunta de forma directa a Sur Finanzas PSP, la empresa conducida por Ariel Vallejos, que fue allanada por el escándalo de la AFA.
