Más que agendas, el próximo debate que se viene en el Congreso es de tiempos. La gestión libertaria preparó el terreno, con una maratón de reuniones con gobernadores durante el período de recambio legislativo, para garantizarse la aprobación de sus proyectos de reforma express, principalmente el demandado Presupuesto 2026. Fuerza Patria, disminuido en las dos Cámaras pero con el aliciente de una nueva postura activa de la CGT, pretende que la discusión se extienda lo suficiente para cambiar la esencia del proyecto de reforma laboral.
La discusión presupuestaria iniciará en Diputados el lunes 15 de diciembre, con la conformación de las comisiones de Presupuesto (que sería presidido por «Bertie» Benegas Lynch) y la de Legislación Penal (donde continuaría Laura Rodríguez Machado). La ronda de debates se extendería hasta el miércoles para votar en sesión el jueves 18 de diciembre. A partir de allí, inicia el camino en el Senado, donde tendrá cinco días hábiles para sancionar el Presupuesto 2026 y la ley de “Presunción de Inocencia Fiscal”, que actualiza los montos que se precisan declarar para evitar ser considerados delitos de evasión tributaria, llevando el piso de $1,5 millones a $100 millones.
La esencia del proyecto presupuestario conservará la redacción presentada por Javier Milei en septiembre, incorporando demandas puntuales de las provincias pero sin incluir fondos especiales para las iniciativas impulsadas por la oposición en el 2025: universidades, salud pediátrica y discapacidad, apartados que tendrán un especial tratamiento en el dictamen que presentará el peronismo. A partir del objetivo del superávit, el anhelo es cumplir con la exigencia internacional de la acumulación de reservas.
“A nuestra conducción no le interesa oponerse sin presentar nada”, señalaron desde el kirchnerismo legislativo que, en conjunto con gobernadores peronistas y dirigencia sindical, elaboraron un plan inicial de ocho puntos para la reforma laboral: reducción paulatina de la jornada laboral, recomposición salarial, garantías para trabajadores de plataformas, articulación de convenios colectivos, participación en las ganancias de grandes empresas, derecho a la desconexión digital, creación de comités de salud y seguridad en las compañías y aumento de la licencia parental. Estos últimos dos apartados tuvieron dictamen en 2023, con otro oficialismo nacional.
Consultada por los cambios de tiempos políticos, una diputada de Fuerza Patria ratificó la agenda laboral del principal bloque opositor: “Si uno tiene una convicción tiene que levantarla todo el tiempo y sostenerla como bandera, en una de esas la vas a plantar”. En simultáneo, el oficialismo en el Senado convocó para el martes 16 de diciembre una reunión de Labor Parlamentaria en la que definirá la conformación de comisiones para el tratamiento de su proyecto de reforma, que provoca un impacto en vacaciones, horas extras, salarios básicos, indemnizaciones, huelgas y estatutos profesionales. Proyecta llevarlo al recinto ese mismo jueves.
El principal objetivo del peronismo es la sensibilización de una mayoría de la sociedad y, por decantación, de mandatarios provinciales para que se dilate el tratamiento de la reforma laboral libertaria. En su recursero proponen salir fortalecidos de la movilización de la CGT el 18 de diciembre (“es una buena señal que la nueva conducción se plante y que la gente vea una reacción sindical”, dijeron desde Fuerza Patria), que el debate pase del Senado a Diputados por contener modificaciones impositivas o incluso una medida de judicialización: remarcan como antecedente la cautelar contra el DNU 70/2023, con contenido similar al proyecto que se presentó el pasado jueves.
Fuerza Patria tampoco descarta obtener respaldos de bloques provinciales y exponen argumentos: la reducción de costos empresariales no garantizan la contratación de empleo registrado y las últimas medidas flexibilizadoras aprobadas en la ley Bases (entre ellas, la extensión de período de prueba) no revirtió la tendencia de caída de trabajadores, que presentaron una pérdida de 276.624 puestos formales entre noviembre del 2023 y agosto del 2025 según el CEPA. Incluso, apuntan a una contradicción en la narrativa oficialista, luego de que las estimaciones privadas adviertan que la reasignación del 3% de los aportes patronales hacia el Fondo de Asistencia Laboral generaría un costo fiscal en torno a los u$s2.500 millones.
El malestar en algunos despachos –como le señaló la salteña Flavia Royón a Ámbito– también se extendió por el cúmulo de propuestas extralaborales que se introdujeron en el proyecto, convirtiéndolo en una ley Bases II: exenciones impositivas a inmobiliarias, reforma de la fuente de financiamiento de la actividad cinematográfica y deducciones de IVA a la provisión de energía eléctrica para el sector agroindustrial. De todas formas, los números de bancas favorecen a La Libertad Avanza que, sin sorpresas, está a cuatro votos de la sanción en el Senado y a 16 en Diputados, que puede obtener de sus alianzas provinciales. El tiempo, por los feriados de fin de año y por la escueta ventana de esta primera etapa de sesiones extraordinarias, podría estar del lado opositor.
