Armando Farina, vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), expuso este jueves ante el Senado y cuestionó la reforma laboral, impulsada por el gobierno de Javier Milei. Advirtió que « si no incluye parámetros que dejen de trasladar preocupaciones a las pymes y de quitar recursos a los trabajadores, va a seguir fracasando”.
En la misma línea, Farina planteó que el proyecto oficial no aborda uno de los núcleos más sensibles del esquema laboral actual: los costos adicionales que se incorporan en las paritarias y que, según denunció, terminan impactando en precios, empleo y competitividad. En ese marco, lamentó la ausencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, en la audiencia legislativa.
“Nos hubiera gustado que esté el secretario de Trabajo para que explique por qué en las últimas paritarias se firmaron acuerdos en una mesa de amigos con sectores de la Cámara Argentina de Comercio y de la CAME”, disparó el dirigente. Según sostuvo, se trata de negociaciones cerradas “por fuera de los convenios” cuyos costos luego recaen sobre las empresas y, en última instancia, sobre los consumidores.
Desde CADAM recordaron que vienen denunciando desde hace tiempo la existencia de cargas laborales encubiertas que la reforma no solo no elimina, sino que ni siquiera contempla. El caso más emblemático es el del aporte obligatorio al INACAP, que obliga a los empleadores a destinar el 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada trabajador, fondos que terminan mayormente en manos de las cámaras que participan de la negociación paritaria.
Farina subrayó que, con cada aumento salarial, estos aportes también crecen, generando un esquema de “autobeneficio” para quienes negocian. Si bien el Gobierno avanzó con el Decreto 149/2025, que prohíbe imponer este tipo de cargas a empleadores no asociados, una medida cautelar permitió que el INACAP siga cobrando bajo el argumento de ser una entidad “independiente”. En ese proceso judicial, el propio instituto reconoció una recaudación anual superior a los $30 mil millones.
En primer lugar, desde CADAM propusieron volver a un sistema de actualización con tasas bancarias que promedie tasas activas y pasivas. «Esto permitiría montos más razonables y previsibles«, destacaron.
La segunda recomendación fue eliminar las cuotas solidarias y otros aportes similares impuestos en convenios al advertir que «terminan siendo un costo adicional«.
«En muchos casos, estas cargas se fijan en negociaciones donde gran parte de las empresas no están representadas y además resulta difícil controlar el destino de esos fondos. También se evita que se ‘disfracen’ costos extras para las empresas bajo ese esquema», advirtió.
Por otro lado, también propusieron que los aportes o contribuciones patronales previstos en convenios colectivos sean «estrictamente voluntarios«.
Finalmente, la última sugerencia para incluir en la iniciativa fue que el empleador no sea agente de retención de aportes sindicales. «Si un trabajador decide afiliarse, debe pagar directamente a la entidad gremial, que debe encargarse de su control y cobranza», consideró Farina.
