Luego de idas y vueltas, el presidente Javier Milei afirmó que, en caso de que se apruebe el Presupuesto 2026, no lo vetará, aunque recortará las partidas necesarias para que el año que viene haya equilibrio en las cuentas públicas. Para los economistas, no hay un gran margen para reducir los gastos del Sector Público Nacional (SPN) y el achicamiento de las erogaciones dependerá más de la gestión.
La maniobra fallida del oficialismo en la Cámara de Diputados, al incluir en el capítulo 11 la derogación de la ley de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, complicó el escenario. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo fiscal es de entre 0,23% del Producto Interno Bruto (PIB) para este año y entre 0,22% y 0,42% del PIB para 2026.
Desde la madrugada del 18 de diciembre, en Casa Rosada se barajó la alternativa de que el Gobierno vete su propio presupuesto. Finalmente, esto no ocurrió, ya que el equipo económico necesita enviarle una señal al mercado de que es capaz de construir alianzas en el Congreso y también por los artículos clave que contiene para canjear deuda sin tener en cuenta los lineamientos de la Ley de Administración Financiera (Ley Guzmán).
Todos los interrogantes quedaron despejados el domingo por la noche cuando, en una entrevista televisiva, el presidente Milei afirmó: “Nosotros tenemos presupuesto, lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero. Acá la política importante es el déficit cero”. En el proyecto de Presupuesto 2026,el oficialismo proyectó un superávit primario del 1,5% del PIB, a pesar de que tenía el compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de alcanzar el 2,2% del PIB.
“Sin subir impuestos, no es trivial la forma en que se consigue el superávit fiscal (…). Hay un límite moral de lo que se puede hacer y que no (…)”, agregó Milei en diálogo con LN+. Esto generó interrogantes entre los economistas sobre cuáles serían las partidas que el equipo económico ajustaría el próximo año para alcanzar el objetivo.
“No veo mucho espacio, es un desafío significativo encontrar dónde puede haber margen para una reducción compensatoria y no incurrir en un desequilibrio”, aseguró Guido Rangugni, vicepresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en conversación con Infobae. Además, remarcó que el resultado financiero del Presupuesto 2026 es equilibrado, prácticamente cero, aunque hay partidas subestimadas como la previsional.
“La mitad del gasto tiene que ver con gasto previsional y eso tiene una lógica de ajuste automático que está atado a la inflación. Estamos ante una estructura de gasto muy rígida, pero que ya tiene una regla de actualización definida y que, si bien es mucho menor a la que hubo a fines de 2023 y la primera parte de 2024, actualmente está en un nivel del 2% mensual, lo que implica un 25% anual”, detalló.
Rangugni también señaló que, independientemente de la discusión sobre la derogación de la ley de financiamiento universitario y de emergencia discapacidad, el proyecto de ley de leyes ya subestimó el gasto previsional, porque estaba asociado a un desempeño de la inflación en la segunda parte de 2025 que fue superior a lo proyectado. “El gasto previsional al cierre de este año ya está por arriba del que está previsto en 2026. Y aunque la inflación del año que viene fuera la proyectada —que todos sabemos fue demasiado optimista—, incluso en ese caso hay 5 o 6 puntos subestimados en el gasto”, remarcó.
Por eso, para Rangugni, habrá que ajustar en otro lado. Los subsidios económicos ya cayeron bastante durante 2025 y, si bien las transferencias a provincias aumentaron un poco este año, lo hicieron sobre la base de una retracción significativa en 2024, por lo que no hay mucho margen ni representa mucho dinero.
Un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) expuso qué gasto se podría recortar durante 2026 para que el resultado del Sector Público Nacional (SPN) sea de equilibrio ante el rechazo del capítulo 11 del presupuesto en la Cámara baja. Y lo clasificó como gasto primero inflexible, que con la no derogación de la ley de financiamiento universitario y de discapacidad, pasaría de 9,32% del PBI a un 9,82% del PBI y flexible.
“El gasto clasificado como Gasto primario flexible, debería reducirse desde el 5% del PBI al 4,5% del PBI. En un esquema de reducción proporcional, la masa salarial sería el rubro que más contribuiría, dada su participación en el gasto flexible total, con un aporte estimado de 0,19 puntos porcentuales del PBI”, destacó el reporte y que en segundo lugar, se ubicarían los programas sociales y los subsidios a la energía, con 0,07 p.p. del PBI de aporte cada uno, seguidos por los gastos en bienes y servicios, con 0,06 p.p. del PBI.
“Había un intento de reducir las transferencias al sector privado, vinculado a las asignaciones familiares, cuando se incorporó el artículo en el proyecto de ley, que no se ajustan por inflación, sino discrecionalmente”, comentó el vicepresidente de ASAP como una de las posibilidades.
“Es una decisión política más que económica, puede salir por cualquier lado, está claro que no va a subir impuestos”, destacó un economista de una importante consultora que prefirió hablar en off the record. Aunque el presidente y distintos funcionarios aseguran públicamente que este es el gobierno que más impuestos bajó, en la práctica, por distintas maniobras de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), buscan financiar la caja, ya sea negando la actualización de quebrantos por inflación o aumentando el monto de las multas automáticas.
Hay quienes mantienen una postura más optimista sobre la posibilidad de recortar partidas. “El gasto depende mucho más de la gestión que de la ley. Se detectó que había cientos de miles de personas fallecidas que recibían una pensión por discapacidad. Que se pague o no a muertos no depende de la ley, sino de una buena gestión”, sumaron.
La revisión de las pensiones por discapacidad era una de las tareas que debía realizar el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien quedó envuelto en una causa judicial por supuesto direccionamiento en la compra de medicamentos.
Cada vez que se habla de recortar partidas, se habla de que el Gobierno ponga el foco sobre los gastos tributarios. Es decir, los recursos que se dejan de recaudar por beneficios impositivos, que en 2025 fueron estimados en 3,54% del PIB según el Ministerio de Economía. De ese porcentaje, 3,10% del PBI corresponden a normas de impuestos y el 0,43% restante a regímenes de promoción económica.
La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, aseguró que en la reforma tributaria se pondrá el foco sobre los gastos tributarios. “Hay que revisar los regímenes promocionales porque cada régimen promocional implica un gasto tributario y cada gasto tributario sí o sí tiene que estar asociado a una política pública definida y debe responder a una necesidad que se detectó”, afirmó la funcionaria nacional.
