Nadie dice de cuánto es la deuda, pero algunos le llaman “la bomba”. La bomba de la salud. Es una montaña de dinero que unas 5.000 instituciones (entre centros de atención y diagnóstico) le deben al ARCA en concepto de aportes y contribuciones patronales, entre otros impuestos acumulados en los últimos 24 años. El Gobierno asegura que pondrá en marcha un plan para, por primera vez, resolver de fondo la cuestión.
“Sólo el ARCA sabe cuál es la cifra real”, explicaron cinco altas fuentes del sector. Varias de ellas, temerosas de lo que pasará cuando este 31 de diciembre venza la declaración de “emergencia sanitaria”, normativa que los viene salvando del embargo y las medidas cautelares, y que se iba a estirar por enésima vez, según planteaba el capítulo 11 de la ley de Presupuesto 2026, pero la cámara de Diputados rechazó todos los artículos de esa sección del proyecto legislativo. Cuál es el plan B del Gobierno, en las líneas a continuación.
Aunque el tema es poco conocido, son muchas (y están en todo el país) las empresas chicas y grandes que cortan clavos cada vez que llega diciembre o mitad de año, según cuándo venza la emergencia sanitaria vigente que los salva del embargo y los juicios. De hecho, hace unos años ocurre que cada vez que falta poco para que expire ese plazo, varias cámaras sectoriales empiezan a difundir el conflicto, como para poner el tema en la agenda mediática.
Cada año de los últimos años, el final de la historia es siempre parecido: el Gobierno de turno prorroga la emergencia sanitaria o saca alguna resolución que tranquilice a todos, al menos por un tiempo. El ruido se aplasta porque la cosa se patea para después, las notas no salen, la gente sigue sin conocer el asunto y la deuda acumulada por las al menos 5.000 empresas que siguen con riesgo de quiebra, nunca se confiesa.
¿Qué va pasar esta vez? ¿Cuál es el plan del Gobierno?
Aunque la exclusión del capítulo 11 (donde figuraban los polémicos artículos que restan financiamiento a discapacidad y universidades) fue un revés para oficialismo, altas fuentes del Ejecutivo confirmaron esperan, “de una vez por todas, terminar con 24 años de prórrogas de emergencia sanitaria”.
Quien transmitió esa frase habló con Clarín minutos después de que una reconocida persona del mundo de la salud planteara sin filtros su pesadilla de estos días: “El ARCA ya debe tener en este momento un equipo jurídico contratado, con abogados relamiéndose para que cuando caiga la protección de la emergencia sanitaria, vengan tipo gestores del Estado a reclamarte por la deuda y cobrar honorarios jugosísimos”.
El Gobierno adelantó que estudia varias opciones con miras a evitar eso. Dicen que la intención es hacer una serie de modificaciones impositivas para que, por primera vez desde los primeros 2000, las instituciones salgan del círculo vicioso en el que están, con eso de que se les regenera más deuda cuando están pagando las cuotas de las moratorias para cubrir deudas pasadas, que cada tanto lanza la ex AFIP.
En el tono de los diálogos diversos que mantuvo este medio con fuentes oficiales, primó la confianza de que, aunque la prórroga de la emergencia sanitaria se haya pinchado, de algún modo resolverán el asunto antes del 31 de diciembre. Por ejemplo (“quizás”, esbozó una fuente oficial), con una resolución del ARCA que garantice, por otro año calendario más, la inembargabilidad de las instituciones deudoras.
Además se adoptarían otras dos medidas. La primera es que lanzarían una moratoria nueva para el sector de la salud. “Sería larga”, definió una fuente del Gobierno, acaso apuntando a que sirva, y no termine enterrando a quien la paga.
Lo tercero requiere contar un reclamo histórico de los prestadores de salud. Es lo que ellos llaman “error conceptual impositivo”. Consiste en que, al estar los financiadores o pagadores (básicamente, las obras sociales y algunas prepagas) exentos de pagar IVA, ellos terminan oficiando de consumidores finales: pagan IVA por los insumos que adquieren, y luego no lo recuperan.
Esa suerte de injusticia, aseguran, se volvió una deuda enorme que el Estado mantiene con el sector. La calculan en unos 37 billones de pesos (37 más 12 ceros). Varias voces le vienen pidiendo al Gobierno que reorganice la cuestión impositiva que les toca afrontar.
Algunos sostienen la siguiente idea: que el Gobierno les dé una suerte de “bono” por ese monto y que, con él, ellos puedan saldar la mega deuda con el ARCA por las contribuciones patronales. La deuda cuyo monto nadie termina de precisar. Ni siquiera para arrimar si supera o iguala o nada de eso los 37 billones de pesos.
El Gobierno mastica un plan impositivo que excedería al mundo de la salud. Si prospera tal como fue comunicado a Clarín, se derramaría de manera uniforme sobre todos, personas y empresas. En el mundo de la economía lo llaman IVA “flat” e impondría un impuesto al valor agregado uniforme, del 8% para todo y todos.
Esa baja impositiva, transmitieron desde el Ejecutivo, le debería dar aire a las empresas, que entonces -se supone- podrían pagar la nueva moratoria larga y no volver a contraer más deuda, por la baja del IVA.
Todo dependerá de las negociaciones al interior del Ejecutivo. En particular, entre los ministerios de Salud, cartera que maneja Mario Lugones; Economía, al mando de Luis “Toto” Caputo; y por qué no, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo Federico Sturzenegger.
Ahora bien, ¿cómo es que tantas empresas de salud empezaron hace más de 20 años a no pagar las contribuciones patronales de sus propios empleados?
Tras la crisis de 2001, con la devaluación del peso, el PAMI y las obras sociales entraron en una crisis financiera importante, que provocó un cortocircuito que algunos en el sector relatan (resumidamente) así: los financiadores (o sea, los que pagan nuestras prestaciones de salud) empezaron a deberle plata a los prestadores (los que dan el servicio de salud a los pacientes, entre médicos y centros de diagnóstico o de internación).
Esa deuda, al principio de sólo unos meses de atraso en los pagos, fue gestando un escenario crítico para las obras sociales y las instituciones del sector. Para graficarlo, con naturalidad podía pasar que un jubilado viera a un médico por PAMI, pero la obra social tardara meses largos en pagarle al profesional o a la institución detrás suyo. Esto se multiplicó por cientos de casos y en todo el país, además de con otras obras sociales más allá del PAMI.
Por supuesto, la manta corta no recayó sobre un sistema de salud intachable de un país nórdico sino que se sumó a las siempre sufridas cuentas financieras locales. Esto sin entrar (porque son para otro capítulo) en las consecuencias de la corrupción que reinó (al menos) desde los 90 en el PAMI.
El efecto de este hervidero fue que en 2002, el Gobierno presidido por Eduardo Duhalde, con Ginés González García como ministro de Salud, decretara la llamada “emergencia sanitaria”. Es la normativa que se iba a prorrogar ahora, en el capítulo 11 de la ley de Presupuesto 2026, pero que sería discontinuada.
Importante: no es la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 de 2020, una normativa distinta, que se sumó a la que se viene mencionando, y que habilitó al Gobierno de Alberto Fernández (otra vez con Ginés González García como ministro) a adoptar más medidas excepcionales de las que de por sí podía tomar.
Conceptualmente, la “emergencia sanitaria” le vino permitiendo a los gobiernos tomar decisiones variadas sin dar demasiadas explicaciones: fijar precios de referencia o limitar aumentos de medicamentos, declarar exenciones impositivas para ciertos sectores, intervenir instituciones públicas de salud o sólo simplificar procesos administrativos, entre otros.
Pero lo que importa en este caso es que, de distinta manera a lo largo de estos veintipico de años, la deuda que vinieron acumulando las instituciones de salud vino siendo, de algún modo, “perdonada”, en el sentido de “no castigada”. Por la emergencia sanitaria vigente.
Esa circunstancia no resolvió las finanzas del sector, que -explican ellos mismos- debieron cortar gastos por algún lado. Según coinciden las fuentes consultadas, no pagar ciertos impuestos, incluyendo aportes y contribuciones patronales (en especial los últimos), fue la única manera de seguir funcionando, “sin dejar de pagar los sueldos ni bajar la calidad de las prestaciones”, dijo Magonza.
Aseguró que, por la propia “emergencia sanitaria”, ningún empleado tuvo dificultades para jubilarse. “La deuda no es de la persona sino de las empresas con el Estado”, sumó. Según difundieron desde la propia UAS, lo que piden es el “urgente dictado de una norma que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad, asegurando que las deudas fiscales no deriven en medidas que paralicen el funcionamiento de los establecimientos asistenciales”.
