La feria judicial de enero no será en esta ocasión un paréntesis a la espera de definiciones en causas resonantes: todos los juzgados que investigan a la AFA presidida por Claudio “Chiqui” Tapia seguirán en actividad con medidas clave.
En lo inmediato, el juez en lo penal económico de la ciudad de Buenos Aires Marcelo Aguinsky definirá si convoca como testigos a dos pilotos de helicóptero ya identificados que aterrizaron en reiteradas ocasiones en el helipuerto de la mansión de la localidad de Villa Rosa, Pilar, valuada por peritos oficiales en 17 millones de dólares,y un total de 20 millones si se incluyen los 54 automóviles de alta gama encontrados en un galpón y cotizados por un total de 3.861.100 dólares.
Se sospecha que la propiedad y lo que allí se resguarda pertenecería a altas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino y no a quienes figuran como propietarios, un monotributista y su madre jubilada. En la escritura de compraventa se consignó una operación por 1.8 millones de dólares.
En relación al uso del exclusivo helipuerto del lugar, valuado en 85.000 dólares por los peritos, como no se encontró el registro de pasajeros, cuando se los cite se les preguntará bajo juramento de verdad a los pilotos a quién llevaron en esos vuelos. Todo es parte de la batería de medidas para identificar a los reales propietarios.
Luciano Pantano y su madre jubilada, caras visibles de la sociedad Real Central SRL dueña del lugar, debían explicar con qué dinero compraron y mantuvieron tantos bienes, pero el trámite se frustró por una jugada de última hora de la defensa: un reclamo de pase de la causa al fuero federal de Campana, porque la quinta y otras dos casas en un barrio privado -también bajo la lupa judicial- se encuentran en esa jurisdicción judicial.
La disputa por quién se queda con el caso será otro frente abierto en el receso veraniego. Aguinsky debe contestar a su par de ese partido bonaerense, Adrián González Charvay, porque a horas del Año Nuevo este magistrado aceptó el planteo de la defensa de Pantano y pidió que le envíe el expediente, es decir, que se inhiba.
Si el juez porteño se niega a dejar la investigación, el conflicto escalará a un tribunal de apelaciones para su definición. En ese punto, el fiscal de la causa Claudio Navas Rial ya anticipó cuál será su postura cuando le toque dictaminar: dejó sentado por escrito que se opondrá a la inhibitoria, porque los hechos investigados, la trazabilidad de las operaciones y las medidas ya producidas consolidan la competencia del juzgado penal económico de la ciudad de Buenos Aires.
Para los investigadores en la actualidad, lo único que está en Pilar es el inmueble descubierto y “sospechado de ser el resultado de una maniobra compleja de un delito económico, principalmente relacionado con otros ilícitos”. Pero todo ya fue resguardado cuando el expediente estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien allanó el lugar, secuestró lo que había dentro, puso consigna policial y ordenó el peritaje que ahora valuó la propiedad. La prueba, sostienen, se acumula en 3869 páginas.
Navas Rial es también el fiscal a cargo de la investigación por supuesta evasión de aportes e impuestos por un monto multimillonario por parte de AFA, denunciado por ARCA. Y no descarta que ambos expedientes puedan estar relacionados.
Al respecto, el juez en lo penal económico Diego Amarante habilitó la feria judicial de enero, ordenó levantar el secreto bancario, financiero, bursátil y fiscal de la AFA y su comisión directiva, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y profundizó la prueba por presunta evasión y apropiación indebida de retenciones por 19.353.546.843,85 millones de pesos.
La investigación se originó en una denuncia del organismo recaudador y en un dictamen fiscal del 26 de diciembre, que destacó la complejidad de los hechos por la cantidad de períodos fiscales involucrados y el volumen del dinero presuntamente retenido y no depositado dentro de los plazos legales.
Según el expediente, se investiga la falta de depósito del IVA retenido bajo el régimen SIRE de marzo a mayo de 2024, julio a octubre de 2024 y diciembre de 2024 a septiembre de 2025; la falta de ingreso de retenciones del Impuesto a las Ganancias en esos mismos tramos; las retenciones del Impuesto a las Ganancias entre marzo de 2024 y septiembre de 2025; y la omisión en el depósito de contribuciones a la seguridad social desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.
Para el juez Amarante, la reiteración de los incumplimientos, el carácter de retenciones practicadas pero no ingresadas y el monto acumulado justifican avanzar con medidas de fondo incluso durante la feria. En ese marco, ya fueron imputados los integrantes de la comisión directiva de la AFA.
La actividad judicial veraniega se extiende también al sur del conurbano. En Lomas de Zamora, el juez federal Luis Armella habilitó la feria y el 19 de enero fue citado el empresario dueño de la sociedad contratada para administrar los contratos de la AFA en el exterior, Javier Faroni.
También deberá presentarse su esposa Erica Gillette, quien figura al frente de TourProdEnter LLC. En un allanamiento a la AFA se encontró el contrato que data de 2021.Armella levantó el secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil a todos los investigados en relación a la administración en cuatro años de US$260 millones de la AFA en el exterior, y al supuesto desvío de al menos US$42 millones a empresas presuntamente fantasmas, según la denuncia originada en una investigación periodística del diario La Nación.
Además avanzará en medidas vinculadas a la situación de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, ligado a Chiqui Tapia y a la AFA por contratos de sponsoreo y préstamos a clubes de fútbol. En el caso hay tres detenidos ya procesados por presunto encubrimiento agravado, entre ellos la tesorera de la firma, una decisión que llegará en apelación a la Cámara Federal de La Plata.
Durante la feria, Armella suplanta además a su colega de Lomas de Zamora Federico Villena, quien tiene bajo su órbita una denuncia de ARCA contra Sur Finanzas, una investigación que tramita con la misma fiscal, Cecilia Incardona y que fue eje también de un conflicto por la competencia entre los dos juzgados, zanjado el 30 de diciembre por la tarde en un fallo de la Cámara Federal de La Plata en favor de Villena.
La denuncia alude a billeteras virtuales administradas por Sur Finanzas PSP S.A. a través de las cuales se operaron $818.000 millones, de los cuales el 31% corresponde a sujetos no categorizados, un 9% a contribuyentes considerados apócrifos y un 27% a monotributistas de escasa capacidad económica acreditada.
Según la acusación fiscal, se habrían puesto en circulación fondos provenientes de ilícitos tributarios y fraudes financieros, por un total operado de $818.000 millones, con el fin de otorgarles apariencia lícita.
En cuanto al movimiento de personas jurídicas, ARCA registró sumas millonarias operadas por asociaciones civiles y fideicomisos ligados a clubes de fútbol, entre ellos Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew y el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.
Sur Finanzas es investigada además en los tribunales de Comodoro Py por maniobras con la compra de dólar oficial y venta a valor blue a lo largo de 2023, durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández.
