En el Congreso de la Nación, Patricia Bullrich y Martín Menem trabajarán para resistir la embestida opositora contra el DNU 941/25. Tanto el kirchnerismo como Provincias Unidas buscan que se reactiven las bicamerales correspondientes para dar la batalla por el funcionamiento de la SIDE. En el oficialismo buscarán hacer valer el apoyo electoral que recibieron en 2025 para forzar los límites del reglamento.
«Es muy importante que expliquemos bien a los diputados y senadores de qué se trata y por qué es muy importante para la Argentina que se viene», señaló la jefa del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. «Es una reforma muy profesional».
En ese sentido, remarcó que dentro del Congreso buscarán «generar los consensos para tener la inteligencia que este mundo de guerras y terrorismo demanda». Así, La Libertad Avanza trabajará para tener los votos en el Congreso, en caso de que se habilite el tratamiento en la comisión bicameral de Trámite Legislativo.
El trabajo en este núcleo parlamentario es distinto al tratamiento de las leyes. Si pasan diez días desde que el DNU ingresa al Congreso, cualquiera de las dos cámaras está en condiciones de tratarlo en el recinto, tenga o no dictamen. La ley 26.122, en ese sentido, es lo suficientemente clara como para buscarle recovecos que le permitan al Gobierno ganar tiempo. Además, ya hay un antecedente con el megadecreto 70/23, donde LLA estiró los plazos lo más que pudo. Aun así, esa reglamentación nunca se trató en Diputados y se mantiene vigente.
El Gobierno, a través de la negociación política con los distintos aliados –de estos, a priori muchos se resisten a aprobar por decreto una megareforma de la Secretaría de Inteligencia–, puede tomar dos caminos. El primero y el más sencillo es que nunca se trate en el recinto. La ley actual de DNU prevé que el decreto no pierde vigencia, a pesar de nunca ser tratado por el Congreso. De hecho, como pasó con el 70/23, es condición necesaria que ambas cámaras le den rechazo al decreto para que pierda validez.
El segundo camino, el más complejo pero no imposible, es en la Cámara baja y consiste en aprobar con mayoría simple (la mitad más uno de los votos) la validez del texto que este viernes dos de enero se publicó en el Boletín Oficial y que le da superpoderes de patrullaje a los espías de la Secretaría de Inteligencia.
En caso de conseguir el número entre votos afirmativos, abstenciones y ausencias para imponer ese decreto, el Gobierno conseguiría uno de sus logros más importantes en el Congreso. Es cierto que por primera vez es primera minoría y, en Diputados, aún no logró hacer pie, luego de que le rechazaran el capítulo XI del Presupuesto 2026.
Igualmente, se trata de una jugada de mucho riesgo en Diputados, ya que si la oposición consigue imponer el rechazo, el decreto estaría a un paso de perder validez. En el Senado, el oficialismo tiene 20 senadores propios y está a 17 de los 37 que se necesitan para sostener ese proyecto. Y, a diferencia del presupuesto, no se trata de un proyecto muy esperado por los senadores y los gobernadores que definirán el éxito o fracaso de esta nueva aventura política de La Libertad Avanza.
“El DNU avanza sobre ese consenso sin debate público, sin especialistas, sin organizaciones de la sociedad civil y sin escuchar la voz de las provincias. Exigimos que el Congreso trate y rechace de inmediato el decreto en los términos de la Ley 26.122, y exigimos que cualquier reforma al sistema de inteligencia se discuta como corresponde: en el Parlamento, a la vista de la sociedad”, sostiene el comunicado que difundió el bloque de diputados de Provincias Unidas.
Por el kirchnerismo, uno de los que levantó la voz en contra de este DNU fue el exministro de Defensa Agustín Rossi (UP), que aclaró que con este decreto los agentes de inteligencia «puedan detener personas sin orden judicial previa». «Es decir, que producto de una actividad de inteligencia pueden privar de la libertad a un ciudadano por criterios propios y, a partir de eso, informar a la Justicia», explicó.
Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), por su parte, puso el foco en la oposición más cercana al Gobierno, como el PRO y la UCR, que aún no se expresó en contra de este decreto. “Si este DNU lo hubiera firmado el kirchnerismo, sería un escándalo institucional”, sostuvo.
El jefe del bloque de UP, Germán Martínez, aclaró que con este proyecto «no hay necesidad ni urgencia». «Llamen a extraordinarias y manden proyecto de ley», exigió el santafesino, que comanda una tropa de 94 diputados.
