Una semana después de la captura de Nicolás Maduro ya está bastante claro que el plan de Donald Trump nunca fue sacar al chavismo del poder en Venezuela, sino tutelar un cambio de ese país hacia una dirección que todavía permanece inconfesada.
Maduro se fue y no volverá y Venezuela será gobernada en los próximos años por las mismas personas que sostenían y llevaban adelante el régimen autoritario que encabezaba el ex sindicalista que vulneró una y otra vez las elecciones para quedarse en el poder, que violó los derechos humanos de miles de sus compatriotas y que involucró a los venezolanos en una crisis social y económica que empezó y se agravó en un espiral delirante.
Sin Maduro, hay zonas que todavía permanecen opacas. La pregunta más importante es: ¿Es esto un proceso de transición a la democracia? Y, sobre todo, ¿Esa transición ya empezó?
La intervención de Trump no tiene ningún apoyo legal. No existen dos bibliotecas opuestas. El operativo choca contra las leyes estadounidenses, con las venezolanas, con el sistema jurídico americano y también con todas las ideas más o menos aceptadas sobre el derecho internacional. Esa discusión queda un poco ensombrecida por la realidad -los soldados estadounidenses ya entraron y salieron de territorio venezolano y se llevaron a Nueva York al dictador y a su esposa- y también por el nulo interés que pusieron Trump y sus defensores globales en buscar algún argumento legal que justificara el operativo.
Caído Maduro asumió la presidencia Delcy Rodríguez, tal como establecen los mecanismos de sucesión del régimen. Ella gobernará con el Congreso electo mediante las elecciones que vulneró el régimen y con el sistema judicial que instrumentó el régimen.
Tendrá que hacer el equilibrio que hacen siempre los mandatarios que deben responder a la vez a una burocracia con el poder repartido entre facciones que controlan la fuerza militar y policial y también las empresas de su país y un tutor que espera en el Mar Caribe para atacar cuando lo considere necesario.
El escenario está montado sobre pilotes de dinamita. La nueva presidenta depende de los acuerdos más o menos duraderos que haga con quienes controlan las armas en un país que desde hace años quedó fraccionado entre bandas militares y también paramilitares y a la vez quedó obligada a ofrecer algún camino -más o menos angosto- de restitución de la democracia.
Su gobierno convive con el reclamo de una oposición que no le reconoce legitimidad electoral y que a su vez carece del poder sobre las fuerzas de seguridad y militares indispensable para poder mantenerse en la Presidencia.
Trump, según surge de sus discursos de esta semana, cree que Rodríguez conserva la capacidad de ordenar a un chavismo que parecía en retirada y que ahora, paradójicamente, tiene la oportunidad de quedarse un tiempo más. La prioridad de Washington será que Venezuela le entregue petróleo, aunque no está claro cómo conseguirá que alguna empresa se decida a invertir en ese país. Los petroleros están habituados a trabajar incluso en zonas de guerra, pero siempre suelen reclamar una ventana de algunos años que les permita recuperar la inversión. Eso aún no existe.
Desde el minuto uno, Milei dejó en claro que apoyará el proceso que encabece Trump, tenga el contenido que tenga. Esa decisión, incomprensible desde el punto de vista de la política exterior de un Estado soberano, se puede entender si se pone el ojo en la política local.
Una encuesta reciente de la consultora Opinaia, con datos recolectados luego de la caída de Maduro, indica que un 57% de los argentinos tiene una opinión “muy positiva” (27%) o “algo positiva” (30%) sobre la posición del Gobierno de alinearse con Washington. El mismo estudio indica que un 48% está “muy de acuerdo” y un 18% “algo de acuerdo” con lo que hizo Trump en la madrugada del sábado pasado en territorio venezolano.
Lo llamativo de esos números es que, a pesar de que mayoritariamente los argentinos están de acuerdo con la captura de Maduro del modo en que lo hizo Trump, el 51% de los encuestados responde que la motivación estadounidense es satisfacer “intereses económicos, especialmente el petróleo venezolano”. Esta última respuesta se entiende mejor si se toma en cuenta que fue el propio Trump el que habló, una y otra vez, de reconstruir la infraestructura energética y quien dijo que el plan más urgente era llevar el crudo venezolano hacia Estados Unidos.
Otro informe de esta semana, en este caso de Casa Tres, registra un menor apoyo a Trump, pero igual con buenos números para el republicano. El 42% de los encuestados considera que el accionar de Trump fue positivo y otro 42% lo evalúa de forma negativa. Como podía esperarse, el apoyo a Trump crece entre quienes votaron a Javier Milei en las elecciones generales de 2023 -allí la buena evaluación trepa al 76%- y cae al 4% entre quienes votaron a Massa. Eso también puede explicar por qué el peronismo -o al menos sus principales dirigentes- salieron a condenar el accionar de las tropas estadounidenses.
Casa Tres también detectó que el apoyo a Trump cambiaría si se produce una intervención militar. En ese caso, un 38% dice que eso debería ocurrir, mientras un 47% piensa lo contrario.
Esa consultora también registra otra variante: un 41% de los argentinos cree que la Argentina debería mantenerse al margen del problema, mientras que un 29% considera que hay que “apoyar la iniciativa de Donald Trump de liberar al pueblo venezolano”.
La Argentina tiene mucho para decir sobre transiciones de regímenes autoritarios a la democracia, pero hasta ahora nadie la convocó: es todo dudas. El grito jubiloso de los venezolanos que llevan años sufriendo y escapando de su país es muy potente, pero no alcanza para dar certezas sobre el futuro de una nación cansada que, como el caballo viejo que cantó Simón Díaz, quiere transitar una oportunidad más.
