La seguridad es la segunda prioridad de la agenda libertaria, detrás de las reformas económicas. Esa noción se expresa tanto en el discurso como en los proyectos aprobados en el Congreso, en donde las modificaciones de penas o procesos (ley Antimafias, la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, las modificaciones en reiterancia y reincidencia) fueron desplazadas detrás de las discusiones de partidas presupuestarias o la ley Bases. La tendencia se replicará en estas sesiones extraordinarias: la anunciada transformación del Código Penal se desplazará a marzo, con el fin de dedicar la actividad legislativa de febrero a la reforma laboral.
La última mesa política de Casa Rosada terminó de definir la postergación, aunque hace semanas parecía desencadenarse ese destino para la iniciativa penal libertaria. Uno de los motivos es la aceleración de las negociaciones con las provincias para destrabar la reforma laboral: el proyecto original podría tener modificaciones ante la demanda de los aliados y una mayor necesidad de consensos -y para cambiar el Código Penal se requieren múltiples acuerdos bicamerales- podría ampliar las pretensiones de los gobernadores.
Otro de los factores es el grado de avance del proyecto, que hasta ahora se mantuvo en el terreno de lo enunciativo desde la campaña previa a las elecciones legislativas. En concreto, no se conoce ninguna redacción, aunque sí se sabe que hay dos sectores encargados de presentarla: uno compuesto por el equipo técnico de la senadora Patricia Bullrich y el otro encabezado por el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio. “No tenemos nada”, se sinceran desde el lado de la exministra; “abarca más de 900 artículos y todo está sujeto a último repaso”, proponen desde el costado caputista. “Define todo el presidente Milei”, aseguran desde el oficialismo.
Dentro del peronismo comulgan con la versión bullrichista. “La reforma del Código Penal no existe. No lo tienen ni claro ellos mismos hacia dónde ir. Si vamos hacia una reforma, debería ser con mucho consenso. Eso no lo veo por ahora”, planteó un diputado de Unión por la Patria referente en materia de seguridad. En la oposición también especulan que la redacción podría resurgir cuando impacte en la agenda pública un caso de inseguridad que sensibilice al electorado.
En esa línea corre la reforma del Régimen Penal Juvenil, un pedido expreso de Javier Milei en la apertura de sesiones del 2025, cuando aún resonaba el homicidio de Kim Gómez en La Plata: La Libertad Avanza firmó un dictamen que bajaba la edad de imputabilidad a los 14 años, pero ahora piden reducirla a los 13. La única certeza que existe es que el repliegue oficialista dejará este proyecto -que podría incluir imprescriptibilidad de delitos, agravamientos de penas y nuevas figuras delictivas como la de los “barras”– para el período de ordinarias, que se extiende desde marzo hasta noviembre.
