La publicación de la convocatoria a extraordinarias para tratar la reforma laboral a partir de febrero es solo una formalidad. La actividad política para sancionar una de las leyes más importantes del Gobierno de Javier Milei ya comenzó. La presidenta del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, evalúa una serie de cambios al proyecto para asegurar los votos en el Senado.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene una serie de reuniones con los gobernadores aliados para definir los apoyos, tanto de este proyecto como el de la Ley de Glaciares, la otra iniciativa que se incluye en el temario de extraordinarios. Este fue uno de los pedidos de los mandatarios provinciales de provincias mineras, que exigen una modificación en la normativa actual para autorizar explotaciones en zonas periglaciares.
Bullrich dejó trascender que habría modificaciones al dictamen que firmó el oficialismo en el Senado. Esto se dio luego de que distintos gobernadores y legisladores le advirtieran al oficialismo que la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades que incluye el proyecto de la Casa Rosada complicaría las cuentas en las provincias.
Este tributo, junto con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), es coparticipable. Por lo tanto, una disminución en la recaudación de este impuesto tendría su correlato en una caída en los ingresos que Nación gira a las provincias a través de la coparticipación.
Según pudo reconstruir este medio con distintas fuentes que participan en la negociación, uno de los gobernadores propuso que la reducción de la alícuota de Ganancias para sociedades sea de forma escalonada. Así, esperan que un eventual repunte del consumo traiga consigo una mayor recaudación del IVA y poder compensar la caída en los ingresos.
En este contexto, Bullrich, Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, están alineados en avanzar con algunas modificaciones para asegurarse los votos y que no corra riesgo el proyecto.
Algo distinto piensa el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, que insiste en mantener ese plazo de un año para reducir tres puntos de la alícuota de Ganancias para las sociedades. En una situación similar está el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que quiere ir a fondo con la reforma.
En la Casa Rosada saben que los pedidos de los gobernadores «son difíciles de unificar». «Hay algunos que no quieren votar nada que tenga costo fiscal para las provincias, hay otros 100% a favor de la reforma, otros que quieren bajar impuestos, pero morigerar la curva de impacto», resumió una fuente del oficialismo que sigue de cerca la conversación entre la Casa Rosada y los gobernadores.
Se espera que esta semana sigan las conversaciones mientras se terminan de definir los cambios al proyecto que ya dictaminó el Senado. Esto implicaría que se reabran las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda para elaborar un nuevo dictamen, o que directamente se presenten en el recinto los cambios.
