Las pequeñas y medianas empresas (PyMES) volvieron a encender señales de alerta frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Aunque ratificaron su apoyo general a una modernización del sistema, advirtieron que el texto actual contiene artículos que, a su criterio, introducen desequilibrios y generan incertidumbre jurídica. Incluso, desde el sector hablaron de una “animosidad con el empresariado”.
El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, reclamó cambios puntuales en la iniciativa, especialmente en lo referido a la prohibición de los aportes obligatorios a las asociaciones empresarias. En ese marco, representantes de CAME, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) enviaron un documento al Senado con observaciones sobre cinco artículos del proyecto y mantuvieron reuniones técnicas con el equipo de la jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich.
Diab explicó que las entidades trabajan en una contrapropuesta que apunta a “un rearmado de la redacción de los artículos cuestionados, sin que el proyecto pierda el espíritu”. Según detalló, el planteo se apoya en cinco ejes y busca acompañar la reforma sin afectar derechos laborales, con especial énfasis en la necesidad de otorgar previsibilidad a la hora de desvincular personal. “Acompañamos la reforma laboral sin quitar derechos a los trabajadores, la mayor preocupación que tenemos es generar certidumbre a la hora de desligar al personal”, sostuvo.
En declaraciones al programa Yo no fui, por Radio Con Vos, el titular de CAME puso el foco en la complejidad práctica del esquema indemnizatorio. “Si bien la ley es clara (en cuanto a las indemnizaciones) la implementación es muy compleja y termina en cifras absurdas, esa es una de nuestras principales preocupaciones”, afirmó.
Uno de los cuestionamientos centrales apunta al artículo 128 del proyecto, que elimina los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias pero mantiene los de los sindicatos. “Hablo de animosidad con el sector empresarial, dice se prohíben los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias, hay una puntuación específica hacia un sector que trabaja por la representación del sector”, planteó Diab.
También objetó el artículo 126, que establece la renegociación de los convenios colectivos una vez vencidos, otorgándole al Estado un rol más activo en la homologación. “Le da al Gobierno potestad de homologación de algo que entre las partes tenemos medianamente zanjado. Si empleador y empleado estamos de acuerdo el Estado no tendría que intervenir”, señaló.
En la misma línea, advirtió sobre los cambios en las condiciones de negociación salarial y el impacto que podrían tener en las pymes. “En cuanto a las condiciones de negociación salarial, tenemos experiencia en paritarias, con profesionales, con análisis legal y económico, para poder sentarnos en la mesa. Delegárselo a un empresario que está preocupado y ocupado con su comercio no tiene razón de ser”, afirmó.
Las críticas se extendieron además al artículo 132, que habilita al Estado a suspender convenios colectivos por causales amplias como “distorsiones económicas graves” o “interés general”. Para Diab, esa facultad introduce un factor de inestabilidad adicional: “Determina que alguien, pretendiendo pensar que afectaría a las arcas del Estado, podría deshomologar algo convenido. Es algo que nos perturba, por más que se tenga algo acordado se podrían generar controversias”.
Contrapunto dentro del sector pyme
En paralelo a los cuestionamientos de CAME, la CAC y ADIMRA, surgió una posición divergente dentro del universo pyme. El secretario de la Cámara de la Pyme Metalúrgica de la República Argentina (Camima) y miembro de la comisión directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Luis Ammaturo, se reunió con Josefina Tajes, asesora de Bullrich, para expresar su respaldo pleno al proyecto.
Desde Camima ratificaron su “apoyo total e irrestricto al proyecto de Ley de Modernización Laboral” que será debatido en febrero en el Senado y cuestionaron a las cámaras que rechazan algunos artículos. Según la entidad, existen “intereses que mueven a algunas cámaras y asociaciones empresarias que, junto a sindicatos, se oponen a varios artículos del proyecto con el objetivo de debilitarlo, buscando solamente proteger sus privilegios y mantener su financiamiento en detrimento de la necesidad de pymes y trabajadores que dicen representar”.
En ese sentido, la cámara reiteró “su rechazo absoluto a los aportes ‘solidarios’ obligatorios, directos o indirectos, a favor de cámaras empresarias, por considerar que vulneran el principio constitucional de libertad de asociación”.
Ammaturo sostuvo que las pymes —y en particular las industriales— requieren un marco laboral que les permita contratar sin enfrentar “un riesgo jurídico ilimitado” y, al mismo tiempo, garantizar empleo formal y oportunidades de progreso para los trabajadores. “Las pymes, y en especial las industriales, necesitan un marco razonable que les permita contratar sin enfrentar un riesgo jurídico ilimitado, y al mismo tiempo garantizar que los trabajadores accedan a empleo formal, con movilidad laboral, capacitación y oportunidades reales de progreso”, afirmó.
En la misma línea, consideró que una reforma laboral moderna permitiría reducir la litigiosidad y enfocar la acción judicial en los casos que realmente lo requieren. “Una reforma laboral moderna permitirá que el sistema judicial se concentre en los casos que realmente requieren tutela, en lugar de sostener un esquema que incentiva la litigiosidad oportunista, destruye empleo y paraliza la inversión”, concluyó.
Además, destacó que el proyecto que llegará al recinto “promueve una modernización estructural del sistema laboral y habilita la actualización de modalidades de trabajo y de los convenios colectivos para adecuarlos a las realidades productivas, tecnológicas y competitivas del siglo XXI”.
