El presidente aprovechó el largo viaje a Davos, en Suiza, para analizar con tres de los principales pilares de su gobierno, las medidas que implementará este año en materia económica y financiera, pero, sobre todo para evaluar el futuro que la espera a la reforma laboral cuando comience a ser tratada por el Congreso.
Los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, son la vanguardia del ala dura del gobierno que no quieren negociar ningún cambio al proyecto que se trataría en el Senado el 11 de febrero próximo.
Se trata del dictamen de 78 páginas que fue aprobado el 18 de diciembre por las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta.
Para ellos, modificar algunos de sus artículos sin haberlos llevado al recinto sería claudicar en una de las banderas que levantó Javier Milei para llegar a la Casa Rosada.
No quieren repetir la experiencia de La Ley Bases, cuando la modernización laboral libertaria se tuvo que transformar en un Decreto de Necesidad y Urgencia, el 70/23 que fue suspendido por la justicia.
Milei comparte esa posición, considera inadmisible que se hagan cambios en esta instancia. Está convencido de que tendrá los votos para la media sanción en el Senado y confía en el trabajo que está haciendo el ministro del Interior, Diego Santilli, en sus reuniones personales con cada uno de los gobernadores aliados o peronistas, cuyos legisladores han votado en más de una ocasión con la Casa Rosada.
Precisamente la estrategia oficial pasa por atender, en forma individual, cada uno de los reclamos de las provincias y no negociar en bloque, sobre todo frente a la resistencia a aceptar recortes en el impuesto a las ganancias, que es coparticipable.
En realidad, la baja de impuestos es una atribución que quedará en manos del ministro Caputo y no se hará de manera automática cuando se sancione la ley.
Provincias Unidas (Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy) venía manteniendo una posición unificada en su advertencia al gobierno de que no aceptarán ningún recorte de impuestos que le deben llegar directamente de la Nación.
Aunque el gobierno intenta abrir una brecha en esa posición con Chubut, necesitada de una ayuda especial por los incendios de bosques, como lo viene reclamando el gobernador Nacho Torres.
Por otra parte, aquellos gobernadores que levantan algún foco de rebeldía se arriesgan a las consecuencias.
En el entorno del gobernador de Tucumán, el peronista Osvaldo Jaldo, ven alguna mano libertaria en la difusión y reacción de las redes de fotos donde se lo muestra de vacaciones en Aruba (El Caribe) mientras la provincia sufre el castigo de inundaciones que afectan varias ciudades.
Jaldo explicó que fue una licencia personal y que no se usaron fondos públicos, pero el “correctivo” ya estaba en marcha y tuvo que regresar rápidamente a Tucumán.
Lo cierto es que, por estas horas, todos hacen números para determinar qué ocurrirá en el recinto del Senado.
Hay una sensación instalada de que Milei estaría en condiciones de asegurar el quorum, primero, y la media sanción de la ley, después.
La CGT, que está en alerta y muy preocupada por el destino de esa ley, cree que a la oposición (kirchnerismo + peronismo combativo) le faltarían por lo menos unos seis votos para evitar que avance la ley y que sería muy difícil conseguir ese apoyo.
Si bien desconfían de los gobernadores, por las urgentes necesidades económicas que deben cubrir, irán la próxima semana a recorrer varias provincias. Esa tarea quedará a cargo del triunvirato que está al frente de la central obrera: Jorge Sola (seguros), Cristian Jerónimo (vidrio) y Octavio Arguello (camioneros).
Hoy en la CGT solo sienten indiferencia por parte del gobierno y no hay una instancia negociadora importante a la vista, que permita modificar algunos artículos del proyecto, sobre todo lo referido a la negociación colectiva, los aportes solidarios a los gremios, la limitaciones al derecho de huelga y el fondo para las indemnizaciones, entre otras cuestiones.
Por eso están trabajando en una serie de presentaciones judiciales por la supuesta inconstitucionalidad de la ley si la modernización laboral sale como está.
Hoy los distintos sectores del sindicalismo coinciden en la necesidad de parar la reforma pero cada uno con sus planes diferenciados.
La mayoría de la CGT quiere agotar las instancias de diálogo y no ser arrastrado a una huelga por el sector mas kirchnerista que encabeza el titular de la UOM, Abel Furlán.
El gastronómico Luis Barrionuevo dio muestra del poder que mantiene en el gremialismo peronista cuando reunió a unos 400 dirigentes en Mar del Plata, en el marco de un encuentro de la Juventud Sindical Peronista, que contó con un invitado especial, Carlos Bianco, ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires y mano derecha del gobernador Axel Kicillof.
La senadora Patricia Bullrich, que está al frente de las negociaciones en la Cámara Alta, en cuanto volvió de sus vacaciones se reunió con su asesora, Josefina Tajes, que mantuvo varias reuniones para recibir opiniones sobre la ley que se viene.
Bullrich había coincidido con Karina Milei y los Menen, Martín y Lule, en la necesidad de evaluar algún cambio en el dictamen que irá al recinto del Senado, con el fin de garantizar su aprobación en ambas cámaras.
Sin embargo, Milei fue claro con su Mesa Política y el resto del gabinete: la ley debe salir tal como está.
