El conflicto en la empresa de cosméticos Lustramax ya se convirtió en un caso testigo de las posiciones a favor y en contra de la ambiciosa reforma laboral que plantea la administración de Javier Milei y se trata de una crisis que no ha hecho más que escalar durante el mes de enero y que puede desbordarse ante el inminente comienzo del debate de los cambios en el mundo del trabajo que se desarrollarán, durante febrero, en el Senado Nacional.
En ese contexto la toma de la firma proveedora de artículos de limpieza y papelería del parque industrial de la localidad de Tortuguitas en la provincia de Buenos Aires, ya dejó de ser un conflicto que se discute solo en el ámbito laboral sino que posee claras derivaciones sindicales, judiciales, económicas y políticas.
Antes de repasar en profundidad estas derivaciones, hay que señalar la cronología del conflicto, que tiene su inicio el 10 enero pasado cuando se denunciaron:
- Despidos Injustificados: La empresa despide a 140 trabajadores de forma sorpresiva.
- Incumplimiento de Conciliación: A pesar de una conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo bonaerense que responde al gobernador Axel Kicillof. Por ese motivo, los ejecutivos de Lustramax ratificaron los despidos.
- Asamblea Permanente: Trabajadores inician medidas de fuerza en un costado de la fábrica sin impedir la producción.
- Irregularidades: Denuncian despidos ilegales de delegados, falta de pagos (aguinaldo, bono, obra social) y amenazas para abandonar la lucha.
- Presencia de Gendarmería: Se registra presencia de la Gendarmería Nacional en la fábrica, considerada irregular por los trabajadores.
- Lockout Patronal: La empresa incurre en un lockout y busca judicializar el conflicto en la justicia penal.
Los empleados sostienen que la situación no se debe a una verdadera crisis económica, sino a una «prueba de ensayo» para reformas laborales.
Lejos de intentar hallar una salida al conflicto los sectores a favor y en contra de la reforma laboral en ciernes se interesan por el escenario y foco de atención en el que se ha convertido la crisis de Lustramax.
Los sindicalistas decidideron desfilar por la toma y apoyar decididamente el accionar de los trabajadores. Si bien las agrupaciones de izquierda sindical lideran las protestas comenzaron a interesarse los referentes de la CGT.
Ya se apersonaron delegaciones de gremios nacionales y organizaciones sindicales en el acampe permanente de los empleados para manifestar su apoyo, reforzar la coordinación gremial y visibilizar el conflicto en un momento clave.
Los representantes gremiales de La Bancaria y de la CTA Autónoma dieron el primer paso y hablaron en nombre de Sergio Palazzo, diputado nacional de Fuerza Patria e integrante del Consejo Directivo de la CGT, y Hugo «Cachorro» Godoy.
Ambas figuras están siguiendo de cerca el conflicto y creen que lo que pasa en Lustramax es un caso testigo de lo que puede suceder no bien se sancione la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Pronostican despidos sorpresivos masivos, sin pago de indemnizaciones y represión de cualquier manifestación, como sucedió hace dos semanas cuando los empleados bloquearon el ingreso a la planta y la Gendameria intervino.
Los apoyos gremiales también incluyeron a la CGT Zona Norte, liderada por Octavio Argüello (Camioneros- triunvirato de la CGT), Sergio Escalante (Gastronómicos) y Ezequiel Panizza (UOM), que emitieron un comunicado con «apoyo incondicional a los trabajadores y repudio total al accionar de Lustramax».
En el ámbito judicial, los dirigentes de la empresa, Lustramax S.R.L. intentarán llevar a los responsables de la toma ante los tribunales de la justicia penal. La compañía que tiene como cara visible al empresario Ezequiel Sosa tiene a la senadora provincial y abogada, Florencia Arrieto, asesorándolo por su experiencia con el movimiento denominado, Antibloqueos que tuvo fuerte incidencia en los conflictos en Lacteos Vidal, entre otros.
De hecho, la posición del movimiento antilbloqueos que nació para enfrentar las duras posiciones de gremios como Atilra o Camioneros, continúa en alerta ante posibles nuevos eventos de este tipo. Para una de sus fundadoras,Verónica Razzini del grupo rosarino Razzini que distribuye materiales de construcción, «Hay una fina línea entre lo que se considera huelga y bloqueo» y allí comienzan todos los problemas.
Ahora bien, en el caso actual de Lustramax, hubo actuaciones de las fuerzas de seguridad nacionales que fueron denunciados por legisladores de la oposición como Myriam Bregman que señaló responsabilidades políticas detrás de los operativos. A través de sus redes sociales, acusó a la abogada y senadora provincial libertaria Florencia Arietto de estar detrás del armado y la justificación de los operativos ilegales, y de operar políticamente en favor de la patronal de Lustramax.
La diputada nacional explicó que, «El 15 de enero, un fuerte operativo de Gendarmería Nacional irrumpió en las puertas de Lustramax, a metros de donde los trabajadores se encontraban en asamblea permanente. O sea, en un lugar donde no tienen jurisdicción y sin orden judicial alguna. La Gendarmería apareció cuando ya estaba interviniendo el Ministerio de Trabajo de la PBA, el Juzgado de Garantías N° 4 y el fiscal Jaime García de la Unidad Funcional de Instrucción Nro 19 de San Martín – descentralizada de Malvinas Argentinas, sin que ninguno de ellos la haya solicitado».
En las últimas horas, también han comenzado a surgir derivaciones económicas y financieras de la empresa Lustramax, ya no con trabajadores sino con clientes y acreedores.
Circularon informes crediticios que enseñarían un volumen importante de cheques rechazados y pasivos bancarios por más de $35.000 millones. Además, la relación con los clientes no es la mejor. En algunos insumos, las entregas habrían registrado faltantes cercanos al 50% respecto de lo contratado, mientras que en otros productos las diferencias superarían ese porcentaje. Además, hubo quejas por cambios en las fórmulas de los productos cosméticos y sustituciones de marca o variaciones en la presentación, sin que esas modificaciones se reflejan en una reducción del monto facturado.
O sea, pagaron por un producto, pero les habría llegado otro, de menor calidad. Estas quejas que se registran en redes y es comentario a partir de la crisis sindical, vienen a fundamentar las dificultades económicas por las que la crisis laboral se diseminó como un reguero de pólvora.
La solución debería ser laboral y judicial pero la política ya hizo su irrupción y en un febrero «caliente» por el comienzo del debate de la reforma laboral solo puede esperarse que la tensión no ceda. las posiciones tienden a endurecerse. Los trabajadores no van a ceder con el acampe y los empresarios comienzan a recibir presiones de sus proveedores y de sus clientes. El peor de los mundos para la correcta salud financiera de una compañía.
