En la resolución de más de 300 páginas, el juez federal Sebastián Casanello reveló que la auditoría ordenada por el gobierno libertario sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) convalida los fundamentos del procesamiento de su extitular, Diego Spagnuolo, y de otras diecisiete personas por corrupción: funcionó una estructura ilegal a través de la cual se direccionaron contratos, se pagaron sobreprecios y coimas y se causó un daño superior a 30.000 millones de pesos. Algunas de sus conclusiones hablan “ausencia de un sistema integral para el Programa Incluir Salud; irregularidades en los procesos de compra de insumos y medicamentos; sobreprecios”.
El mecanismo de contratación del sistema implementado en la ANDIS cuando estaba a cargo de Diego Spagnuolo presentaba múltiples irregularidades “desde la óptica de la normativa vigente y los principios rectores en la materia, que fueron aprovechadas para beneficiar económicamente a actores privados privilegiados en perjuicio de las rentas del Estado y de un servicio público de calidad pensado para un sector de alta vulnerabilidad y expuesto a desigualdades estructurales”, dijo el magistrado.
La ANDIS prefirió recurrir a una puesta en escena, concluyó Casanello. “La evidencia demuestra que esa decisión fue tomada por gente experimentada y de modo absolutamente consciente».
La reconstrucción de los hechos le permitió a la justicia comprobar que la base de prestadores se armaba de manera absolutamente arbitraria, se ocultaban los criterios de invitación a compulsar precios o elegir ofertas, se ocultaba el inicio, avance y finalización de los procesos y se omitía dejar registro sobre los antecedentes de los proveedores para evitar comparaciones y escrutinios.
El resultado de ese circuito, se tradujo en la “obtención indebida de millonarias sumas de dinero. Se implementó un sistema de compulsas de precios “especial” -paralelo al general- al que sólo eran invitadas a participar este grupo reducido de firmas, en el que se distribuían de antemano las asignaciones, simulando una competencia que no era tal (con oferentes ‘pantalla’) y elevando sustancialmente los precios”.
La maniobra se completó con pagos indebidos -dijo Casanello-, a determinados funcionarios públicos de ANDIS, como contraprestación a que se digitaran -en favor de intereses particulares ajenos a los de la administración- las contrataciones y se garantizaran agilidad y prioridad en el cobro”.
De esta forma se logró el direccionamiento y la cartelización, obteniendo en dicho marco 21 licitaciones “acotadas”, en las que se confeccionaron órdenes de compra por un total de 30.337.220.919,77 pesos en el período referido, principalmente hacia las Droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A.
Esas dos droguerías resultaron adjudicatarias del 93,11% de este tipo de procesos, con compras por 28.247.022.880 pesos entre julio de 2024 y agosto de 2025.
El juez Casanello utilizó un documento clave para arribar a la corroboración de los delitos atribuidos a Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete, entre otros.
Luego de que tomara estado público la situación del ANDIS, con el Decreto 601/2025 se dispuso su intervención. El 22 de agosto de 2025, el interventor Alejandro Alberto Vilches ordenó el inicio de una auditoría interna integral, a cargo de la Unidad de Auditoría Interna, orientada a evaluar el funcionamiento institucional, los principales circuitos prestacionales y los mecanismos de control.
Este lunes, el juez Casanello concluyó que ese trabajo “ratifica lo que se viene manifestando”, es decir: existió una estructura de corrupción dentro de la ANDIS.
Uno de los párrafos de la auditoría resaltados por el juez, sostiene que se identificaron “debilidades estructurales en áreas sustantivas y de apoyo, tales como ausencia de un sistema integral para el Programa Incluir Salud; irregularidades en los procesos de compra de insumos y medicamentos; carencias en la gestión documental; demoras en la regularización contractual con prestadores; inexistencia de manuales de procedimientos; debilidades en el control de expedientes; y problemas persistentes en los registros y la trazabilidad de la información”.
El diagnóstico realizado por la auditoría interna permitió constatar que estas “falencias responden a debilidades estructurales en la organización administrativa, operativa y tecnológica de la ANDIS, derivadas de una acumulación histórica de funciones, programas y sistemas sin integración posterior”.
Al avanzar con el análisis, se dio cuenta de más datos volcados en el informe oficial: “Se identificaron fragmentación de áreas, superposición de competencias y circuitos de gestión disociados, con impacto directo en la eficiencia operativa, la trazabilidad de los procesos y la capacidad institucional de planificación y control”.
En este contexto, se “verificó que la gestión de programas clave (CUD, PNC IL e Incluir Salud) se apoya en circuitos y plataformas inconexas, con escasa interoperabilidad y controles insuficientemente integrados, lo que se traduce en procesos redundantes, inconsistencias de datos y menor previsibilidad para los beneficiarios”.
Ante estas conclusiones, se informó desde el órgano auditor y como parte de la “reorganización institucional”, que habría que desarrollar un Sistema de Información Integral ANDIS para mejorar la eficiencia, la trazabilidad y los resultados de la gestión en materia de discapacidad, y poder articular la información vinculada al Certificado Único de Discapacidad (CUD), las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral (PNC IL), el Programa Federal Incluir Salud y otros dispositivos, bajo una identidad única, reduciendo duplicaciones, inconsistencias y cargas administrativas innecesarias.
El análisis técnico y comparativo “evidenció sobreprecios sistemáticos, ausencia de procedimientos administrativos adecuados y prácticas que comprometen la transparencia, eficiencia y legalidad de la gestión pública”. Numerosos expedientes se iniciaban directamente con facturas presentadas al cobro, sin constancias de licitación, compulsa o contratación directa previa.
Las órdenes de pago -expresó el informe oficial citado por Casanello-, “solían agrupar facturas de distintos expedientes, dificultando la trazabilidad y verificación del origen del gasto. Se repiten proveedores, insumos y mecanismos de adquisición, configurando prácticas que podrían implicar esquemas de facturación concentrada”.
El impacto de estas irregularidades “no es solo financiero: además del perjuicio al erario público, se afecta la capacidad del Estado para garantizar el acceso oportuno a insumos médicos esenciales para poblaciones altamente vulnerables”, dice la auditoría oficial.
Como consecuencia de estas observaciones, resalta el trabajo, se iniciaron medidas concretas orientadas a transparentar, ordenar y mejorar el sistema de compras públicas, con especial énfasis en el Programa Federal Incluir Salud.
En este marco, se avanzó en la implementación de un sistema de compulsas públicas y abiertas que permitió exponer descensos abruptos de precios, con brechas identificadas de hasta un 838%.
