El oficialismo formalizó este martes el llamado a sesión especial en Diputados para tratar el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil e incluyó en el temario el Acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, dos temas que el Gobierno busca aprobar en este período de extraordinarias.
La sesión, tal como se había acordado en una reunión que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, tuvo con los jefes de bloque, fue citada para el próximo jueves a las 11. Ambas propuestas, si son aprobadas, deberán pasar por el Senado.
Lo cierto es que hubo un momento de confusión en Diputados porque el lunes el Gobierno envió un nuevo proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil ratificando su intención de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, tal como lo fijaba en la propuesta original presentada en 2024.
Eso provocó la reacción de la oposición. Cristian Ritondo, jefe del PRO, quien le avisó rápido al oficialismo que no iban a votar el nuevo proyecto del Ejecutivo porque ya se había acordado ir con el dictamen firmado en 2025 que establecía la edad mínima de responsabilidad penal en 14 años.
Nuevamente ante la presión de PRO y la UCR, los aliados del oficialismo en el Congreso, el Gobierno tuvo que retirar su propuesta y no fue incluida entre los proyectos citados en el llamado a sesión. Desde el ámbito libertario relativizaron la marcha atrás de la Casa Rosada y explicaron que «técnicamente no era necesaria una nueva propuesta».
Más allá de este ida y vuelta, la novedad que surgió en las últimas horas fue la inclusión de la partida presupuestaria para aplicar a la futura legislación penal penal juvenil, si consigue el aval del Congreso.
De acuerdo a lo establecido en el fallido proyecto enviado por el Gobierno, la partida presupuestaria fue fijada en $ 23.739.155.303,08 y se divide en dos tramos: $ 20.607.158.518,00 de la Defensoría de la Nación; y $ 3.131.996.784.28 del presupuesto del Ministerio de Justicia.
Los fondos serán destinados para pagar los gastos que implique el sistema en las cárceles federales, y para asistir a las provincias.
Por lo pronto, el oficialismo se aseguró el control de las comisiones que deberán dictaminar sobre la baja en la edad de imputabilidad. La de Legislación Penal, que será cabecera, ya había sido asignada a la bullrichista Laura Rodríguez Machado en las extraordinarias de diciembre cuando se trató el proyecto de inocencia fiscal.
Este martes en una jornada activa en la constitución de las comisiones de Diputados se resolvió que la de Justicia sea presidida por el libertario Alvaro Martínez, mientras que la de Familia quedó a cargo de la salteña Gabriela Flores, también del bloque violeta.
Para este miércoles está programado un plenario con las tres comisiones para sacar despacho y un día después tratar el tema en el recinto, donde los libertarios están confiados en que tendrán los votos para alzarse con la media sanción con el apoyo del PRO, la UCR y algunos bloques provinciales.
La propuesta acordada entre el oficialismo y los bloques dialoguista, además de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años; reduce las penas máximas de 20 a 15 años; e incluye la posibilidad de cumplir las condenas bajo el régimen de prisión domiciliaria, tareas comunitarias, imposibilidad de conducir o reparaciones económicas.
En la sesión del jueves, el Gobierno también buscará aprobar el acuerdo cerrado con la Unión Europea el pasado 9 de enero. El histórico pacto crea una zona de libre comercio con un área de 31 países, 720 millones de potenciales consumidores con un producto bruto interno de 22 billones de dólares.
