El empresariado quedó partido en dos tras la media sanción en el Senado de la ley de reforma laboral. En la Casa Rosada se respiró euforia. La lectura oficial fue lineal: menos litigiosidad, más previsibilidad, más empleo. Algunos funcionarios incluso deslizaron que el 1° de marzo, cuando Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias, podría haber anuncios que profundicen el rumbo.
«Se vienen más reformas estructurales, ahora habrá anuncios el 1° de marzo, la reforma tributaria y la ley de glaciares son dos objetivos inmediatos», dijo un funcionario de extrema llegada a Javier Milei.
Pero fuera del mármol de la Casa Rosada, en el piso áspero de las Pymes industriales y comerciales, la sensación es otra: nadie descorcha. El escepticismo domina a quienes aseguran no haber sido consultados y advierten que, sin mercado interno ni consumo, cualquier reforma laboral es apenas una cirugía estética en un paciente anémico.
Martín Rapallini, presidente de la UIA, envió un documento de la entidad de tono celebratorio. Allí enumeró los «principales problemas que resuelve la nueva ley laboral»: distorsiones que deterioran la productividad, generan litigiosidad y limitan la capacidad del empresario para organizar su empresa.
«El nuevo marco normativo apunta a resolver una serie de distorsiones que, durante años, afectaron especialmente a las PyMEs industriales, deteriorando la productividad, generando litigiosidad y limitando la capacidad básica del empresario de organizar su propia empresa», señaló.
Del otro lado, empresarios Pymes deslizaron por lo bajo lo que subyace en las suspicacias de los empresarios medianos: la UIA juega en favor del oficialismo y estuvo en las negociaciones, en línea con los intereses de las grandes empresas y no de las Pymes.
Por otra parte, la Confederación Federal Pyme Argentina manifestó «su preocupación ante la reciente aprobación de la Reforma Laboral, porque el nuevo régimen mantiene vigente el sistema que permite la continuidad de contribuciones obligatorias derivadas de convenios colectivos».
Se refería al aporte obligatorio al INACAP, el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica, que administran la Cámara Argentina de la Mediana Empresa y la Cámara Argentina de Comercio y que en los papeles ofrece formación laboral, pero con resultados discutibles.
«Sus fondos son administrados por entidades intermedias sin mecanismos adecuados de transparencia pública ni control efectivo por parte de las empresas aportantes», dijo el comunicado. Esa polémica promete crecer porque enfrenta a Pymes con las grandes cámaras.
Por su parte, según dijo Rapallini a este medio, la UIA subraya cambios concretos: límites a la gestión sindical dentro de las plantas —»reduce el conflicto permanente y permite que el foco vuelva a estar en la producción»—; previsibilidad en las indemnizaciones, con criterios taxativos que excluyen rubros que «se sumaban de manera arbitraria»; creación del Fondo de Cese Laboral con aportes del 2,5% para PyMEs y 1% para grandes empresas; unificación de criterios de actualización judicial; herramientas contra bloqueos; fin de la ultraactividad de convenios; banco de horas; nuevo régimen de responsabilidad en la tercerización; reducción de cargas no salariales e incentivos a la formalización.
La conclusión de la central fabril es inequívoca: «Es un cambio estructural» pensado «especialmente para resolver los problemas concretos de las PyMES industriales y generar condiciones para volver a crear empleo formal».
Sin embargo, del otro lado del mostrador empresario, las Pymes replican con una frase que se repite como mantra: sin consumo no hay reforma que valga.
Raúl Zylbersztein, de la Confederación Empresaria de la República Argentina (Cgera), fue prudente, pero cortante, ante la consulta: «Es mejor de lo que estaba, pero veremos qué ocurre en los juzgados. Nosotros no lo apoyamos porque tiene poco impacto positivo y no soluciona muchos de los problemas cotidianos. Ausentismo, ART». La frase condensa la desconfianza: la ley podrá ordenar papeles, pero no modifica el terreno real donde se litiga ni el costo sistémico de los riesgos del trabajo. Juan Ciolli, de la Cámara Económica Sanmartinense, fue más lejos y politizó el debate: «La reforma laboral está hecha a la medida de las grandes empresas, las Pymes no están beneficiadas con esta ley».
Y agregó: «Está dentro de la lógica de todo lo que viene haciendo el Gobierno para avanzar en un proceso de desindustrialización de la Argentina, desfinanciar las universidades, la ciencia y la tecnología, esta reforma laboral, la privatización de Nucleoeléctrica…».
Ciolli puso números sobre la mesa: «El 95% de la producción de las Pymes la volcamos al mercado interno, necesitamos mercado interno y salarios para poder invertir; hoy la capacidad instalada es del 57%». Y remató: «Mienten diciendo que esta reforma genera más empleo». Para este sector, la ecuación es simple: con fábricas semivacías, nadie contrata por más que bajen cargas.
Maximiliano Pisetta, vicepresidente del Movimiento Nacional Pymes, insistió en la misma línea: «No nos sirve que nos bajen el IVA para invertir si lo que no hay es inversión por falta de mercado. ¿Quién va a comprar una máquina más, si lo que tenemos es que poner en marcha las que tenemos?». Y completó: «Para contratar más empleados formales primero hay que tener rentabilidad y consumo; no nos sirve que haya menos cargas patronales si nadie compra nada».
Mauro González, de la Confederación Federal Pyme, fue quirúrgico: «Lo que busca es blanquear a los sectores informales; el proyecto no va a crear más empleo. Lo único que lo va a hacer es una reactivación de la economía, un proyecto productivo que debe tener el Gobierno». Y advirtió: «Lo de las cargas sociales que bajan al 8% para las Pymes es importante, pero no es algo que te va a impactar y te va a sostener. Este proyecto le dice al sector empresario: te bajo el consumo, pero te trato de mejorar la rentabilidad desde este lugar. No va a resolver ninguno de los problemas del sector productivo».
El conflicto escaló además por el capítulo menos visible, pero más sensible: las llamadas «cajas gremiales empresarias», en especial el INACAP, el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica, creado en 1975 para empleados de comercio. Se financia con una contribución mensual equivalente al 0,5% del salario inicial de la categoría «Maestranza A». Pero ahora, despues de sancionada la ley en la Cámara de Diputados, se extendería a todos los salarios.
Las Pymes cuestionan que ese aporte —que se deposita junto con las contribuciones al SUSS— no tiene, según denuncian, una rendición transparente y efectiva sobre su destino. Un paper que circuló desde CGERA fue demoledor en el título: «Reforma laboral: más costo laboral contra las Pymes y en beneficio de la casta gremial empresaria».
Allí se acusa al Gobierno de haber votado «a favor de las cajas gremiales empresarias, pese a haberlas señalado como ‘cajas políticas’». Y se advierte que, con la reforma, podrían recaudar aún más, incluso hasta el 0,5% de la remuneración del trabajador, ampliando la base de cálculo. «¿Cambió la posición del Gobierno? ¿Fue el cuestionamiento previo apenas un show mediático para negociar con la casta gremial empresaria?», plantean.
La Confederación Federal Pyme advirtió luego que «la Reforma Laboral mantiene mecanismos de recaudación obligatoria que afectan a las pymes».
Entre estos mecanismos mencionó «los aportes destinados al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), vinculado a entidades empresarias como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que se financian mediante contribuciones obligatorias realizadas por miles de pequeñas y medianas empresas en todo el país».
Precisó que «según información reconocida en sede judicial por la propia institución, estos fondos alcanzan cifras de recaudación anual de decenas de miles de millones de pesos, sostenidas principalmente por aportes obligatorios de pymes, muchas de las cuales no cuentan con acceso pleno a información pública detallada sobre el destino específico de esos recursos ni participación efectiva en su administración».
La reforma laboral aumentó esos aportes del 0,5% porque ya no solo será de la categoría «Maestranza A», sino que se extenderá a la generalidad de los salarios. Entre las Pymes aseguran que esta ley les permitirá ampliar la recaudación y superar los $75.000 millones anuales. La Justicia reconoció que el INACAP que recauda hoy más de $30.000 millones.
El oficialismo, en su mejor momento de gloria, defiende la coherencia del paquete y la necesidad de ordenar un sistema laboral que, a su juicio, expulsaba empleo formal. Pero el mapa empresario revela una grieta profunda: la UIA, con fuerte presencia de grandes compañías y sectores exportadores, apuesta a la previsibilidad jurídica como motor. Las Pymes, más atadas al mercado interno, reclaman demanda, crédito y un horizonte de crecimiento.
La reforma, así, quedó atrapada en una tensión estructural: para unos es el punto de partida de una modernización pendiente; para otros, una pieza técnica en un tablero donde la variable decisiva —el consumo— sigue en rojo.
Y mientras el Gobierno celebra la media sanción como un hito, el pequeño empresario mira su persiana a medio abrir y se pregunta si la ley cambiará algo más que el texto del Boletín Oficial.
