Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad de la provincia, quien en 2019 había sido condenado a seis años de prisión por encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público en el marco de la investigación del crimen de Paulina Lebbos, ocurrido en febrero de 2006 y del cual mañana se cumplen 20 años, deberá ser sometido a un nuevo tratamiento psicológico por el plazo de 30 días, según resolvió ayer la Justicia. La decisión se tomó en el marco del pedido de libertad condicional para el condenado, realizado por su defensa. Por lo tanto, por el momento, el condenado seguirá preso en su casa.
Di Lella, quien nunca estuvo en la cárcel y transcurrió su detención entre la sede de Bomberos y su propio domicilio, cumplió las dos terceras partes de la condena el 8 de agosto del año pasado, por lo que ya, por segunda vez, el defensor oficial Emiliano Ferraco, había solicitado la libertad condicional, la que había sido denegada en diciembre del año pasado por falta de los informes correspondientes.
En esta oportunidad, y durante una audiencia llevada a cabo mediante zoom, la jueza de Ejecución Ana María Iácono, resolvió que antes de definir si cabe el beneficio de la libertad condicional, el condenado debe ser sometido a un tratamiento que, sobre todo, apunte a la comprensión del delito que se le imputó, la aceptación de la conde y a la posibilidad, tras esto, de su reinserción en la sociedad.
El auxiliar Javier González, en representación del fiscal Carlos Picón, ambos del Ministerio Público Fiscal, advirtió que actualmente tampoco se cumplieron los requisitos previstos, como informes del Servicio Penitenciario. “Pasó todo el tiempo entre Bomberos y su casa, nunca estuvo en la cárcel”, remarcó.
Ferraco, en tanto, advirtió que Di Lella tenía derecho a su reinserción social. “No hace falta dictamen ya que no se encuentra dentro del servicio penitenciario, pero hay informes técnicos. Las personas alojadas en comisarías o en domiciliaria no tienen informes ni tratamiento criminológico porque no están dentro del servicio penitenciario”, remarcó. “Hay informes de que mi defendido jamás transgredió ninguna de las medidas que se le impusieron. Está el informe del Patronato de Internos y Liberados, además de especialistas psicólogos y psiquiatras que avalan este pedido”, agregó. Y advirtió que Di Lella presenta diversos problemas de salud y que los profesionales aseguran que en caso de obtener la libertad condicional podría afrontarlos con otras expectativas. Incluso dijo que le haría bien, por ejemplo, llevar a su nieto a la plaza cercana a su domicilio. “Hoy permanece postrado en una cama con nulo trato social”, dijo.
El auxiliar González se opuso al beneficio. “No podemos afirmar que estan dadas las condiciones para una reinserción social. Fue condenado por delitos graves en el marco de una función pública, corresponde remarcar que la pena incluye la confianza en las instituciones. Se estaría vaciando de contenido la finalidad de la pena”, dijo. “En el caso que nos ocupa esa ponderación a la que hago alusión exige un estándar particularmente riguroso. Y digo esto porque en el caso del señor Di Lella nos referimos a un penado que fue condenado por delitos de suma gravedad, que además fueron cometidos en el ejercicio de una función pública de alta responsabilidad, más precisamente mientras era titular de una Secretaría de Estado de nuestra provincia”, explicó. Y agregó: “en ese sentido, corresponde remarcar que la ejecución de la pena cumple también una función de reafirmación del orden jurídico y de confianza en las instituciones. Por lo tanto, la concesión de la libertad condicional al señor Di Lella en el escenario descripto, importaría desnaturalizar el régimen progresivo, vaciar de contenido la finalidad de la pena y, sobre todo, transmitir a la sociedad un mensaje institucionalmente disvalioso porque implicaría proyectar hacia afuera la idea de que la gravedad institucional del comportamiento del penado y el daño ocasionado a la sociedad como servidor público y a la familia Lebbos, carecen de relevancia en la etapa de ejecución”.
Emilio Mrad, represente legal de Alberto Lebbos, se adhirió a lo que dijo González. “Nunca aceptó la condena”, dijo en relación a Di Lella.
A su turno el psiquiatra José Luis Rodríguez afirmó que Di Lella “es un paciente que cambió muchísimo su personalidad por todos los episodios vividos”, “Está bajo tratamiento integral con psicóloga y asistentes sociales. Hoy tiene una afección psiquiátrica importante, tiene fuertes sentimientos de culpa, su vida se arruinó, tiene una depresión que no mejora con medicamentos”, afirmó.
En la audiencia, que se extendió a lo largo de dos horas, Lebbos, el padre de Paulina, afirmó que “estamos en presencia de un peligroso delincuente que nunca mostró arrepentimiento ni nunca pidió disculpas por los gravísimos delitos que cometió. Nunca dijo la verdad. La mejor forma de reinsertarse socialmente y dejar de hacer sufrir a su familia es decir la verdad, ya que evidentemente no le importa la familia de Paulina, debe decir la verdad, quiénes son los asesinos, quiénes los encubridores”. “Saben la verdad y someten a una familia a una lucha injusta. Si quiere volver a la iglesia como dijo su defensor, que diga la verdad. Dejar en libertad a este señor es una grave afrenta a la sociedad tucumana. Tenía un cargo vital para los ciudadanos. Si este hombre sale en libertad se va a curar rápidamente”, remarcó. Y luego recordó: “este señor es familiar de Felipe Sosa, el asesino de Érika (Álvarez). Iba todos los días al juicio como guardaespaldas de Di Lella”.
Tras esto, la jueza Iácono resolvió que el Servicio Penitenciario realice un tratamiento psicológico con Di Lella con la finalidad de saber si comprende que la pena no es meramente sancionatoria sino con fines de reinserción social y estableció un plazo de 30 días para que se concrete el informe, tras lo cual podrá resolver si concede o no la libertad condicional./Lagaceta
