El fiscal federal Carlos Stornelli denunció penalmente al gobernador riojano Ricardo Quintela por sus declaraciones acerca de que el presidente Javier Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″. Para el funcionario judicial podrían constituir el delito de “incitación a la violencia colectiva, la eventual instigación a cometer delitos y la posible afectación del orden constitucional».
Stornelli cita los dichos de Quintela el lunes en el programa “Mañana Sylvestre”, conducido por el periodista Gustavo Sylvestre y emitido por Radio 10 (AM 710).
En su escrito el fiscal puntualiza la frase del Gobernador: “…Eso lo he planteado a mis colegas gobernadores y a los tres que conducen la CGT, que estaban acompañados por Héctor Daer y por el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez. Estábamos todos juntos y yo le planteé esto, tenemos que tomar decisiones, fuertes decisiones. Me dijeron: ‘Sí, bueno, pero acordate, digo, en el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Sí, tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, 39 соmраñeros muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo (…) este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027, si llegamos así llegamos con un país totalmente destruido, entregado, guarda, guarda…”.
En la presentación, el fiscal subraya que los dichos adquieren “mayor trascendencia y gravedad institucional por tratarse de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades, concretamente, como gobernador».
Plantea que, prima facie, las declaraciones podrían encuadrar en los delitos tipificados en los artículos 209 (instigación a cometer delitos), 211 (intimidación pública), 212 (incitación a la violencia colectiva), 213 (apología del crimen) y 226 bis (amenaza de sedición), del Código Penal.
Otra denuncia fue presentada por el referente de La Libertad Avanza (LLA) de La Rioja, el exconcejal Javier Ruiz. Para el dirigente las palabras del Gobernador constituyen una instigación pública a la alteración del orden constitucional. Plantea que Quintela utilizó su investidura para validar una interrupción anticipada del poder presidencial por vías no democráticas.
Además, por el segmento en el que Quintela se refiere a las muertes del 2001 como «hay sacrificios que valen la pena», el denunciante dice que se puede inferir “la posible participación en una estructura u organización política que habría asumido como legítima la exposición de personas a un contexto cierto y previsible de riesgo de muerte, con pleno conocimiento de las consecuencias que de ello podían derivarse».
En esa línea, Ruiz pide a la Justicia que investigue si estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles. Solicita que se llame a Quintela a declarar para que precise quiénes dieron las órdenes en 2001 y qué rol cumplió él en esa organización.
