Un juez de Dakota del Norte, en Estados Unidos, confirmó una condena que obliga a Greenpeace a pagar 345 millones de dólares por daños y perjuicios al operador de un oleoducto contra cuya construcción la organización ambientalista había protestado hace casi una década. La ONG denunció que el objetivo de la demanda es “hacerla callar” y llevarla a la ruina financiera.
El fallo fue firmado por el juez James Gion, quien redujo casi a la mitad el monto original de la indemnización fijada por un jurado el año pasado. En aquella instancia, tres entidades de Greenpeace habían sido condenadas a pagar más de 660 millones de dólares por una serie de cargos vinculados a las manifestaciones contra el oleoducto Dakota Access.
La demanda fue impulsada por la empresa Energy Transfer, conglomerado energético responsable del proyecto, que acusó a Greenpeace de haber orquestado actos de violencia y campañas de difamación durante la controvertida construcción del oleoducto. Según la compañía, las protestas incluyeron delitos como allanamiento, molestias, conspiración y privación de acceso a la propiedad.
El jurado que intervino en el caso dio la razón a la empresa y avaló el reclamo millonario. Sin embargo, el juez Gion resolvió posteriormente reducir el monto al considerar que algunos de los daños habían sido contabilizados dos veces. Aun así, la cifra final (345 millones de dólares) sigue siendo una de las condenas más elevadas impuestas contra una organización ambientalista.
Desde Greenpeace rechazaron de manera tajante el fallo y adelantaron que continuarán la batalla judicial. “Esta batalla legal está lejos de terminar”, afirmó Kristin Casper, asesora jurídica general de Greenpeace Internacional, en una declaración a la agencia AFP. Según explicó, la organización solicitará un nuevo juicio y, en caso de no prosperar, apelará la sentencia ante la Corte Suprema de Dakota del Norte.
Casper sostuvo además que tanto Greenpeace Internacional como las entidades de Greenpeace en Estados Unidos cuentan con “sólidos argumentos” para lograr la desestimación de todas las demandas en su contra. La ONG considera que el litigio forma parte de una estrategia para desalentar la protesta social y limitar la acción de los movimientos ambientalistas frente a proyectos energéticos de gran escala.
