La Libertad Avanza cerró el período de sesiones extraordinarias del Congreso sancionando las leyes de Reforma Laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Nuevamente, el oficialismo logró el acompañamiento de la denominada oposición dialoguista. Un conjunto de sectores políticos conformados por la UCR, el Pro, Fuerzas provinciales y peronistas con terminales en los gobernadores cercanos a Casa Rosada.
Las iniciativas enviadas por el presidente Javier Milei y sancionadas por el Senado, formaron parte de un conjunto de leyes que aprobó el Parlamento, entre las que se cuentan el Presupuesto 2026, la Inocencia Fiscal, el Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la reforma a la Ley de Glaciares.
La norma que modifica el Código Penal, tiene como eje principal la de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El régimen se estructura en once capítulos. Se apoya en principios como legalidad, proporcionalidad, especialidad, excepcionalidad de la privación de la libertad, celeridad procesal y resocialización. La prisión queda como último recurso, con control judicial permanente y cumplimiento en establecimientos especializados, separados de personas adultas.
La senadora Nadia Márquez de La Libertad Avanza aclaró que “educar es poner límites”. Y agregó: “No estamos diciendo que un adolescente de 14 o 15 años es adulto. No, no lo es. Pero sí comprende la criminalidad del hecho. Algunos senadores daban estadísticas y comparaban la relación de la edad de imputabilidad en otros países que, dicho sea de paso, tenemos la edad más alta en comparación a Paraguay, Chile, Bolivia, pero comparaban los índices de homicidios y delitos”.
El oficialismo logró el quorum con 40 senadores nacionales, los 21 libertarios conducidos por Patricia Bullrich y el resto la UCR, el Pro y fuerzas provinciales. El interbloque Justicialista de José Mayans ingresó más tarde al recinto.
El senador del oficialismo Gonzalo Guzmán Coraita, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, abrió el debate: “Estamos frente a una jornada histórica, nos proponemos derogar el Régimen Penal de la Minoridad que rige hace 46 años. Vamos reemplazarlo por uno moderno, integral y especializado. No es solo una actualización normativa, es saldar una deuda con la sociedad”, dijo el miembro informante.
Mientras que la radical Carolina Losada dijo: “El crimen cambió y tenemos que adaptarnos a la realidad que tenemos, no podemos seguir con leyes y con reglas de juego del siglo pasado porque no funcionan. Estamos hablando de dar respuesta a tantas familias que hoy están llorando a alguien que no está”.
Carlos Linares del bloque Justicialista fijó su posición: “No es solo debatir la edad. Acá hay dos víctimas: los jóvenes también lo son. La contención social no es clientelismo político, es deporte, educación y trabajo. Legislemos lo que haya que legislar, pero ante todo trabajemos en prevención”.
Finalmente, antes de pasar a votar, la senadora Patricia Bullrich dijo: “Hoy tenemos una gran oportunidad, venimos a cambiar un sistema totalmente tutelar, sin claridad, donde la ley es un factor discrecional. Un país que olvida a sus víctimas termina perdiendo el sentido de la justicia y eso es lo que venimos a recuperar”.
Luego se pasó a votar y se convirtió en Ley nacional. El ministro del Interior, Diego Santilli, quien nuevamente se instaló en el Congreso, señaló: “El Gobierno está cumpliendo con su compromiso: el que las hace, las paga”. Hay que proteger a las víctimas y asegurar que los delitos de adultos tengan penas de adulto”.
La sancionada ley tiene el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. El proyecto garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias relevantes, incluso en mecanismos restaurativos.
La norma establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Contemplando penas alternativas para condenas menores a los 10 años de cárcel como la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.
También establece que las erogaciones que requiere el cumplimiento de esta ley se atenderán con los recursos que se incluyan en las leyes presupuestarias correspondientes a cada ejercicio. Para la implementación durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año de su entrada en vigencia se destinan $23.739.155.303,08.
Con un debate acotado, el Senado sancionó el proyecto de Reforma Laboralque fue modificado en un artículo por la Cámara de Diputados. El artículo 44 vinculado a las licencias por enfermedad. La Cámara baja, como Cámara revisora eliminó ese artículo y fue acompañado por el Senado.
El debate se dio en el marco de un Congreso vallado por las manifestaciones de fuerzas de Izquierda y del gremio de ATE. La CGT no movilizó y si lo hará el próximo lunes antes los tribunales donde pedirá la declaración de inconstitucionalidad de la iniciativa sancionada.
La eliminación del artículo 44 en Diputados implica que los empleados con enfermedades fuera del ámbito laboral recibirán el 100% de sus haberes, lo que marcó el principal punto de decisión para los senadores.
El oficialismo por intermedio de Juan Cruz Godoy señaló: “Hemos considerado los puntos que han propuesto los trabajadores, empresas y gremio. Se agiliza la registración de los empleados de manera formal y también se hacen aclaraciones sobre el salario y los beneficios sociales para evitar la alta litigiosidad”. Previamente habló Mariano Recalde del bloque Justicialista y pidió la vuelta a Comisión del proyecto, pero fue rechazado por 43 votos a favor y 29 en contra.
Se cerró el periodo de sesiones extraordinarias, ahora se espera la palabra del Presidente Javier Milei el próximo 1 de marzo a las 21.
