El hallazgo de un arsenal de guerra en una sucursal de Hipermercados Coto en 2016 dio origen a una causa judicial que tiene como eje al empresario Alfredo Coto. El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 dictó recientemente una resolución en el expediente CFP 5542/2017, iniciado tras una denuncia anónima y a partir de un operativo realizado en la Ciudad de Buenos Aires.
El procedimiento se llevó a cabo el 30 de agosto de 2016 en la sucursal ubicada en la calle Paysandú al 1800, en el barrio porteño de Caballito. Allí, inspectores de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC, ex RENAR) encontraron armamento y equipamiento oculto debajo de un pelotero infantil dentro del supermercado, lo que motivó la apertura formal de la investigación.
De acuerdo con lo incorporado al expediente, en el lugar se secuestraron 227 granadas, 41 proyectiles de gases, 27 armas de fuego, 2 armas de lanzamiento y 3.886 municiones. También se hallaron 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin numeración visible, un silenciador, 9 escudos antitumultos y spray de gas pimienta. Parte del material estaría clasificado para uso exclusivo de fuerzas de seguridad.
La causa analiza presuntas irregularidades en la registración y custodia del armamento, así como la existencia de armas con numeración presuntamente adulterada y otras que registraban pedido de secuestro previo. Además, se evaluó la trazabilidad de granadas lacrimógenas adquiridas años antes por el Ministerio de Seguridad bonaerense, en el marco de la reconstrucción de la cadena administrativa y de almacenamiento.
La investigación incluyó peritajes balísticos, químicos y metalográficos, además de informes técnicos, actuaciones de Gendarmería y declaraciones administrativas. La resolución judicial, fechada el 20 de febrero de 2026, dispuso procesamientos y sobreseimientos de acuerdo al grado de participación de los imputados.
El expediente, que se extendió durante casi una década desde su inicio en 2016, ahora podrá ser revisado por la Cámara Federal en caso de apelaciones. De este modo, la causa continúa su curso judicial tras la decisión del magistrado de avanzar sobre las responsabilidades determinadas en esta etapa procesal.
